NUEVA YORK, 25 de mayo (C-FAM) – La burocracia de la ONU intensifica los esfuerzos tendientes a despenalizar el comportamiento homosexual y a normalizar su aceptación entre los estados miembros, sin el consentimiento ni el consenso de los gobiernos.
«El principio de que nadie debería sufrir discriminación a causa de su sexualidad o de su identidad de género ya se encuentra completamente integrado en nuestros actuales estándares internacionales de derechos humanos», sostuvo Navanethem Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en un mensaje de vídeo sobre la homofobia recientemente publicado.
«…Conforme a la legislación internacional, los Estados tienen la obligación de despenalizar la homosexualidad y proteger a los individuos de la discriminación a causa de su orientación sexual», afirmó.
Este mensaje es falso, según un grupo cada vez más numeroso de expertos jurídicos internacionales y Estados Miembros de la ONU. La comunidad internacional continúa debatiendo enérgicamente sobre el principio de no discriminación a causa de la orientación sexual, y lo ha estado haciendo durante más de cinco años. Recientemente, el pasado mes de marzo, los estados miembros de la ONU se enfrentaron agresivamente en Ginebra en torno a la idea de la orientación sexual incluida como una categoría protegida de la discriminación. Debates similares tuvieron lugar en Ginebra en 2008 y en 2006, sin llegarse a un acuerdo.
La mera inclusión del término «orientación sexual» en una resolución sobre la pena de muerte el pasado otoño boreal en la Asamblea General condujo a una batalla que se extendió durante un mes, la cual enfrentó a Estados Unidos y a los países europeos occidentales con la mayoría de las naciones del mundo en desarrollo que se oponía a la inserción de la controvertida e indefinida expresión.
Las declaraciones de Pillay que sostienen que los Estados tienen la obligación de despenalizar las relaciones homosexuales no se ajustan a la realidad. No existe un documento de consenso negociado internacionalmente o un tratado de las Naciones Unidas que reconozca que los estados tienen la obligación de legalizar las relaciones homosexuales en la legislación nacional.
Todavía en septiembre de 2010, Pillay y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) admitieron que poner fin a la discriminación de los homosexuales constituiría una «prueba de nuestra estructura de derechos humanos y de las instituciones internacionales de derechos humanos existentes. Los diversos tratados internacionales… no refieren explícitamente a violaciones basadas en la orientación sexual y en la identidad de género, pese a que la inclusión del lenguaje de la no discriminación en la Declaración Universal… brinda una buena base para extender la protección en esa dirección».
Cinco órganos creados en virtud de tratados han hecho sólo eso: emitir comentarios generales y observaciones finales que sostienen que el lenguaje existente sobre la no discriminación establece obligaciones sobre los estados para que pongan fin a la discriminación a causa de la orientación sexual. No obstante, los órganos de tratados son criticados igualmente por naciones desarrolladas como por aquellas en desarrollo debido a que se extralimitan en sus mandatos.
Junto con el vídeo de Pillay se publicó un folleto titulado «Las Naciones Unidas hablan claro: abordando la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género». Con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el impreso cita veinte declaraciones efectuadas por funcionarios de alto nivel de las Naciones Unidas, expertos independientes de la ONU y directrices de órganos creados en virtud de tratados acerca de la importancia de la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo y de la protección de las personas homosexuales y transgénero contra toda clase de discriminación. Notablemente, no hay referencias a ningún documento de la Asamblea General ni a resoluciones de los Estados Miembros soberanos.
Muchos especialistas en derechos humanos temen que la creación de derechos en formas tan antidemocráticas pueda provocar la vacilación de todo el régimen de derechos humanos.
Por Hilary White, corresponsal en Roma
