Un gran número de naciones hizo frente común para criticar un informe especial sobre "la violación de los derechos humanos por cuestiones género en la toma de medidas contra el terrorismo". El malestar surgió a raíz de que el autor del informe presentó el concepto de género como un constructo social flexible.
Además, impulsó un documento sobre "derechos homosexuales" elaborado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se conoce como "Principios de Yogyakarta", en vez de centrarse en la tarea asignada, que consistía en el análisis de los abusos padecidos por las mujeres que fueron capturadas en la guerra mundial "contra el terror".
Durante el denominado "debate interactivo" con el autor, el Relator Especial de la ONU Martin Scheinin, la Organización de Países Islámicos y del Grupo Africano, representados por Malasia y Tanzania, respectivamente, criticaron a Scheinin por exceder su mandato, violando así el Código de Conducta del Consejo de Derechos Humanos.
Según el Grupo Africano, Scheinin incurrió en el uso indebido de su función, para impulsar los controvertidos Principios de Yogyakarta, declaración que pretende "reflejar el estado actual de la legislación sobre derechos humanos" en relación con "la orientación sexual y la identidad de género". Scheinin fue uno de los casi 30 "expertos" auto-elegidos que redactaron el mencionado documento en 2007.
En respuesta a las críticas, Scheinin defendió el uso de los Principios aduciendo que fue "absolutamente legítimo". Además, afirmó que se trata de una "ley blanda" que "enriquece" la interpretación de las normas vinculantes sobre derechos humanos.
En sus declaraciones a "Friday Fax", un delegado desestimó las afirmaciones de Scheinin, al indicar que no existe consenso internacional sobre orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación, así como tampoco una obligación jurídica vinculante.
La nación caribeña de Santa Lucía recriminó a Scheinin el haberse apartado de la definición acordada para el término "género", según lo establecido en la Plataforma de Acción de Beijing y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los cuales confirman la interpretación tradicional de la palabra.
La delegación estadounidense, mostrando continuidad con la política de la administración Bush, también respaldó el uso del término según lo acordado en Beijing, si bien añadió que Estados Unidos está interesado en el impacto que las medidas en contra del terrorismo han tenido en la "comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual".
El Estatuto de Roma define al género como "los dos sexos, hombre y mujer, en el contexto de la sociedad", a la vez que el documento de Beijing reafirma el "uso ordinario y generalmente aceptado" del vocablo.
La Santa Sede reiteró que el "género se basa en la identidad sexual biológica, masculina o femenina", y rechazó "la noción de que la identidad sexual pueda ser adoptada indefinidamente". India, que rara vez toma la palabra en esta clase de asuntos sociales que generan divisiones, criticó al Relator Especial por redefinir la "perspectiva de género" y por conducir al comité a un debate "académico" que se aparta de su mandato.
Scheinin también tuvo defensores, particularmente entre las naciones europeas y ciertos países latinoamericanos, como Uruguay y Chile. Noruega expresó su "respaldo absoluto" al informe y recibió con agrado la visión de género como un constructo flexible. Suiza reprendió a las naciones que se opusieron al Relator Especial por no coincidir con su presentación, y sostuvo que éstas deben acatar cualquier resolución posterior que se base en el informe.
Un delegado que reprochó la "arrogancia" de Scheinin y de los países europeos que lo respaldan, resumió el debate, diciendo: "En pocas palabras, ellos nos pueden criticar a nosotros, pero a nosotros no se nos permite criticarlos a ellos. Son dioses".
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