A una semana de que las naciones censuraron a un relator especial de la ONU por exceder su mandato al presentar una redefinición del término "género" y promover un documento de "derechos homosexuales" que lleva el nombre de Principios de Yogyakarta, un segundo informe especial, esta vez en materia de salud, despierta similar inquietud.
"El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental" fue presentado a fines del mes pasado ante la Asamblea General de la ONU por el relator especial Anand Grover. En él, el autor hace referencia no sólo a los Principios de Yogyakarta, sino también a una muy discutida "Observación General" elaborada por el Comité que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Según el informe, en la Observación General No. 20 se interpreta que existe en ese tratado una nueva categoría de no discriminación basada en "la orientación sexual y la identidad de género", a pesar de que los Estados Miembros de la ONU rechazaron en numerosas oportunidades la inclusión de esta clase de categoría en cualquier instrumento jurídico internacional vinculante.
Los críticos advierten un esfuerzo coordinado con el que se intenta promover los Principios de Yogyakarta introduciéndolos en el sistema de la ONU mediante la referencia reiterada a su contenido, a fin de generar la impresión de que existe una "ley blanda".
Dichos principios pretenden reflejar "el estado actual de la legislación internacional de derechos humanos" en lo que respecta a la orientación sexual y a la identidad de género; no obstante, apenas logran plasmar las preferencias políticas de los casi 30 especialistas autoelegidos, activistas y burócratas de la ONU que los redactaron.
De hecho, no se definen términos como "orientación sexual" ni "identidad de género" en ningún instrumento jurídico internacional vinculante, y probablemente jamás sean aceptados por los Estados Miembros de la ONU.
En su informe, Grover se refiere específicamente a los principios número 17 y 18. Si bien en dicho contexto se menciona el consentimiento informado respecto de las prácticas médicas dirigidas a los "grupos vulnerables", el texto de estos dos principios incluye una serie de mandatos controvertidos.
En el número 17 se indica que los Estados deben facilitar "el acceso a tratamiento, atención y apoyo competentes y no discriminatorios a aquellas personas que procuren modificaciones corporales relacionadas con la reasignación de género" (es decir, las cirugías de cambio de sexo).
Por otro lado, en el número 18 se dice que es deber de los Estados garantizar "que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos".
Esta disposición negaría a una persona que desee luchar contra su trastorno sexual la posibilidad recibir un tratamiento adecuado.
Grover es un abogado activista de la India que participó meses atrás en un caso que resultó en el fallo de un tribunal de primera instancia por el que se resolvió que la ley de anti-sodomía de la India violaba lo dispuesto en la constitución nacional. El año pasado, Grover reemplazó a Paul Hunt –uno de los casi 30 redactores de los Principios de Yogyakarta¬– en la función de Relator Especial en materia de salud.
También se atribuye a Grover el haber colaborado con el borrador de las Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos, documento elaborado en 1996 y reeditado en 2002 en el que se solicita la derogación de "las disposiciones penales que prohíben actos sexuales (como el adulterio, la sodomía, la fornicación y las relaciones sexuales remuneradas) realizados en privado entre adultos y con su consentimiento". Según los críticos, esta medida fomentará la diseminación del VIH/SIDA.
El nombramiento de Grover como relator especial en salud fue bienvenido por las organizaciones activistas como la International HIV Alliance. El grupo, que promueve la "acción comunitaria contra el sida en los países en vías de desarrollo" advirtió entonces: "Anand ha defendido apasionadamente el derecho de los trabajadores sexuales, de los consumidores de drogas y de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres". Además, la agrupación sostuvo que este nombramiento constituye "una oportunidad tremenda y un paso en la dirección adecuada".
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