Por José J. Castellanos
A casi 60 años de proclamada la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el tema ha permeado y penetrado en la conciencia social, después de un largo proceso en el cual no todos lo asumieron, se identificaron y, menos aún, lo respetaron. El texto original sigue vigente y es hoy bandera que la sociedad civil esgrime, no siempre limpiamente, frente a los abusos del poder, aunque también debiera tomarse frente a los abusos de particulares, cuando aprovechando vacíos legales, agredan a sus semejantes de diferentes maneras. La Declaración de los Derechos Humanos vino a reivindicar el antiguo concepto del derecho natural, hecho a un lado por el positivismo jurídico en sus diversas versiones. Ahora, resulta inobjetable la afirmación de que todos poseemos derechos anteriores y superiores a cualquier forma de organización jurídica.
Derechos que, por cierto, también van acompañados de sus correlativos deberes, aunque éstos suelen silenciarse o soslayarse.
Del documento original emitido el 10 de diciembre de 1948, se han derivado pactos regionales sumamente importantes y diversos documentos encaminados a proteger a las mujeres, a los niños, los discapacitados, los indígenas, los ancianos, y otros grupos sociales. Sin embargo, todos ellos anclan su raíz en la declaración inicial, y la desarrollan. Se trata de derechos para todos, son universales, inviolables, irrenunciables, y mantienen una unidad total. Por tanto, su cristalización sólo será plena cuando estos derechos, todos, sean vigentes y respetados en todos, cosa que está muy lejos de alcanzar.
La universalidad de estos derechos indica que todos los poseemos por igual, y que a todos nos tienen que ser respetados. Sin embargo, parecería que hay quienes pretenden imponer los suyos sobre otros, sin considerar la igualdad y la necesidad de la complementación de unos con otros, en la convivencia social. Por eso, no vale decir que la vigencia de estos derechos sólo es aplicable respecto del Estado o el ejercicio del poder. Los derechos humanos deben hacerse valer en la vida cotidiana de unos ante otros, lo establezca de manera explícita la ley, o no. A fin de cuentas, de lo que se trata en esta relación, es el imperio de la justicia como virtud humana.
En este contexto, ha aparecido un nuevo documento de singular trascendencia: la Declaración de los Derechos Humanos del Concebido. La necesidad de esta declaración, como otras que se han desarrollado a través del tiempo, radica en que los concebidos son hoy víctimas de abusos, violencia, experimentación y asesinato, lo mismo en el seno materno que en laboratorios, donde los reducen a simples conejillos de indias, explotándolos con afanes pseudo científicos y propósitos mercantiles evidentes.
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