Por Juan C. Sanahuja. Fuentes: Propias; web Conferencia Episcopal Española.
Nota de la Conferencia Episcopal de España. Declaraciones del Prefecto de la Signatura Apostólica. El nuevo proyecto socialista. La ley actual: la salud psíquica de la madre es un coladero clamoroso.
En su Nota final del 27 de noviembre, la 94º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo referencia al pecado público en el que incurrirían los legisladores que voten a favor del Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, propuesto por el gobierno socialista español. Dice la Nota:
“Sobre el Proyecto de ‘Ley del aborto’”:
“La Asamblea concluye cuando el Congreso de los Diputados ha comenzado el debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Ante un asunto de tanta trascendencia para la sociedad española, los obispos quieren hacer las siguientes consideraciones”:
“1. La Asamblea Plenaria hace expresamente suya la Declaración del pasado 17 de junio de la Comisión permanente titulada Sobre el anteproyecto de ley del aborto: atentar contra la vida de los que van a nacer convertido en “derecho”. Los obispos recomiendan encarecidamente su lectura”.
“2. Según decía la Declaración de la Comisión Permanente, este Proyecto de Ley “constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta”. Nadie que atienda a los imperativos de la recta razón puede aprobar ni dar su voto a este proyecto de ley. En particular, los católicos deben recordar que si lo hacen, se ponen a sí mismos públicamente en una situación objetiva de pecado y, mientras dure esta situación, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión (Cf. Carta del Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de junio de 2004, al Presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de América)”. (Vid. NG 664)
“3. Los católicos estamos por el ‘sí’ a la vida de los seres humanos inocentes e indefensos que tienen derecho a nacer; por el ‘sí’ a una adecuada educación afectivo-sexual que capacite para el amor verdadero; por el ‘sí’ a la mujer gestante, que ha de ser eficazmente apoyada en su derecho a la maternidad; por el ‘sí’ a leyes justas que favorezcan el bien común y no confundan la injusticia con el derecho”.
“Los obispos invitan a proseguir sin descanso el trabajo a favor de estas nobles metas y exhortan a no desfallecer en la plegaria, especialmente durante este año dedicado a la oración por la vida”.
El 11 de noviembre pasado, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Juan Antonio Martínez Camino, había declarado que los políticos católicos “no pueden aprobar ni dar su voto” a leyes como la que plantea el gobierno socialista a favor del aborto y contra la vida, poniendo especial énfasis en que los que apoyen leyes que van en contra de la vida estarán en una “situación objetiva de pecado público”.
Declaraciones del Prefecto de la Signatura Apostólica
Recordamos la intervención del 18-09-09 del Prefecto de la Signatura Apostólica, Mons. Raymond Burke, en el InsideCatholic's 14th Annual Partnership Dinner, en la que reafirmó la doctrina tradicional, expresando que a quienes se declaran católicos y ocupando cargos públicos escandalizan a los otros fieles, se les debe corregir públicamente y su rectificación también debe ser pública. Escandalizan, aclaró Mons. Burke, los que promueven políticas y leyes que "permiten la destrucción de la vida humana inocente e indefensa" y "violan la integridad del matrimonio y la familia". El resultado de estas acciones es que se confunde a los ciudadanos y éstos son inducidos a error sobre principios morales básicos. “Reparar los daños causados por el escándalo comienza con el reconocimiento público del propio error y la declaración pública de su adhesión a la ley moral. El alma, que reconoce la gravedad de lo que ha hecho, comprende de inmediato la necesidad de reparación pública", concluyó Burke.
Con referencia al caso de la actual secretaria de salud del gobierno de Obama, Kathleen Sebelius, entonces gobernadora de Kansas y a la que su obispo le prohibiera recibir la comunión, el mismo Mons. Burke, en la entrevista concedida a Life Site el 13-03-09, declaró que prohibir la comunión a los políticos católicos que favorecen el aborto, es un acto de “ejemplar caridad pastoral” que protege “de la recepción indigna al Cuerpo y la Sangre de Cristo”, evitando así que esos políticos cometan “el gravísimo pecado de sacrilegio”, y de ese modo, además, se pone fin al grave escándalo provocado. (Vid. NG 642, 663, 664, 799, 911, 922, 927).
El nuevo proyecto socialista
El Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que será discutido en breve en el Parlamento español, sustituye a la inicua ley actual que no penaliza el aborto en tres excepciones.
El proyecto declara “derecho” al abominable crimen del aborto y lo liberaliza, permitiéndolo libremente hasta la semana 14 del embarazo, incluso en las adolescentes a partir de los 16 años y sin permiso paterno. El proyecto también contempla la posibilidad de abortar hasta el final del embarazo cuando “exista riesgo para la vida o la salud de la madre” o el “feto presente graves anomalías”.
La ley actual
El 6 de noviembre pasado, el Instituto de Política Familiar informaba que, en el 2008, en España se hicieron 115.812 abortos quirúrgicos, 3.675 más que en el 2007, (vid. NG. 784, 834, 882). De ellos 50.569 (43,7%) fueron en mujeres inmigrantes y 10.221 (8,83%) en adolescentes. Entre otros datos, el informe agregaba que “la salud de la madre volvió a ser la justificación casi unánime de los abortos, al ser poco más de 3.000 los que se acogieron a otras causas”. El “peligro psíquico de la madre” sigue siendo “un coladero clamoroso”, concluía el informe.
La situación es más grave aún, si tenemos en cuenta que el gobierno socialista liberalizó la venta del abortivo llamado “píldora del día después” para las menores de edad, las cuales no necesitan receta médica para adquirirlo y, por supuesto, pueden comprarlo a espaldas de sus padres.
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