En 2002 Miller concibió por inseminación artificial y dio a luz a una niña, Isabella, que ahora tiene 7 años. Un año y medio después, Miller se separó de Jenkins, abandonó la práctica homosexual y entró a formar parte de un grupo evangélico.
Como en Virginia no eran legales las uniones civiles entre homosexuales, Miller consiguió sin problemas la custodia exclusiva de su hija. Pero entonces Jenkins recurrió a un tribunal de Vermont, amparándose en la ley de uniones civiles de ese estado.
El juez concedió generosos derechos de visita a Jenkins. A partir de ese momento, comenzó una batalla legal que ha involucrado ya a varios tribunales de ambos estados, a los medios de comunicación y a diversos grupos de presión.
Miller comenzó a poner trabas a las visitas de Jenkins, pues estaba convencida de que a su hija Isabella no le hacían ningún bien. De hecho, en 2007 denunció a su ex pareja por abusar de la niña. Pero los servicios de protección de menores de Virginia consideraron infundadas las acusaciones.
Durante los últimos meses, la tensión ha ido en aumento. El pasado 20 de noviembre, un tribunal de Vermont decidió dar la custodia exclusiva a Jenkins. La niña debía ser entregada el 1 de enero, pero Miller no apareció. Ahora está con su hija en paradero desconocido.
Piénsatelo dos veces
A estas alturas, el caso tiene difícil solución. Una cosa está clara: a la pequeña Isabella le ha tocado pagar los platos rotos. Los tribunales implicados dicen que quieren guiarse por el interés de la menor, pero lo cierto es que este criterio puede servir para defender tanto una cosa como la contraria.
Para Maggie Gallagher, presidenta de la National Organization for Marriage, este drama debería servir al menos para aprender una lección: “No establezcas una unión civil con alguien al que no quieras dar los derechos legales sobre tus hijos”, dice en declaraciones a Catholic News Agency
“Y no confíes demasiado en el criterio del ‘mejor interés del menor’. Porque si ese interés entra en conflicto con las normas de última moda, ten por seguro que a los tribunales no les importará qué es lo mejor para tu hijo”.
De hecho, en Estados Unidos fue muy polémica la sentencia que dictó el pasado 6 de octubre el Tribunal Supremo de Montana, en la que reconocía derechos parentales a una lesbiana sobre los hijos adoptados por su ex pareja.
Barbara Maniaci adoptó a un niño y a una niña mientras convivía con Michelle Kulstad. Las dos cuidaron de ellos hasta que se separaron en 2006. Tras la ruptura, Kulstad exigió seguir viendo a los niños, cosa a la que no estaba dispuesta Maniaci.
Kulstad pidió entonces ayuda a la American Civil Liberties Union (ACLU), la misma organización cuyos servicios jurídicos defienden también ahora a Janet Jenkins. Su principal argumento fue que se debían tener en cuenta los derechos de los niños y no sólo los de su ex pareja.
En 2008, un tribunal de Montana reconoció el derecho de visita a Kulstad. Pero Maniaci, que se casó con un hombre tras dejar la práctica homosexual, recurrió al Tribunal Supremo de ese estado alegando que quería educar a sus hijos en la forma en que ella y su marido veían correcta.
El Tribunal Supremo de Montana rechazó el recurso de Maniaci y ratificó el argumento del juez inferior, quien consideraba que Kulstad tenía derechos parentales sobre los niños por haber establecido con ellos una relación materno-filial.
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