En la última reunión que realizó la Banca de la Mujer del Senado con las organizaciones integrantes del Consejo Consultivo, Eleonor Faur, Oficial de Enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, se refirió al "Informe nacional sobre el avance de la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) a 15 años de su firma" (la CIPD se realizó en Cairo en 1994).
El informe presenta una selección de acciones clave, desarrolladas en el periodo 2004-2009, dirigidas a avanzar en el cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El Programa de Acción de la CIPD y los ODM son armas de las Naciones Unidas para imponer un orden social anticristiano que tiene entre sus ejes los "derechos sexuales y reproductivos"; es decir, distribución de anticonceptivos, aborto –químico o quirúrgico–, esterilizaciones, desaparición de la patria potestad, abolición de la objeción de conciencia, etcétera.
Tras analizar tres campos temáticos (1. Migración internacional, 2. Derechos reproductivos y acceso universal a la salud reproductiva, y 3. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres) el informe concluye que el Gobierno argentino no sólo cumple con las metas fijadas por la CIPD y los ODM, sino que "en algunos casos, ha planteado y alcanzado objetivos más exigentes que los fijados internacionalmente".
"Se han registrado avances significativos en la formulación e implementación de políticas públicas" y se sancionaron "leyes que representan hitos irreversibles" en materia de salud sexual y reproductiva. "Hace menos de una década el escenario actual resultaba difícil de imaginar", afirma.
Control de población
Paradójicamente, en un país con tan pocos habitantes por kilómetro cuadrado, el informe exalta que casi el 80 por ciento de las argentinas sexualmente iniciadas, en este momento utilizan un método anticonceptivo; y que el 93 por ciento lo ha usado alguna vez. Celebra también la resolución ministerial Nº 232/2007 que incorporó las "píldoras del día después" a los métodos anticonceptivos provistos por el Ministerio de Salud y la ley 26.130 que legalizó las esterilizaciones quirúrgicas.
Con respecto al aborto, estiman –con base en cifras publicadas por el Ministerio de Salud en 2006– que en el país se asesina, aproximadamente, al 40 por ciento de los niños por nacer.
El informe evidencia las deficiencias sanitarias de algunas partes, "la situación de la mortalidad materna en las diferentes provincias es sumamente desigual. Las provincias con peores indicadores socioeconómicos presentan una razón de mortalidad materna tres veces superiores al promedio nacional"; no obstante, en lugar de reclamar la mejora sanitaria pone el énfasis en la atención post aborto, con asesoramiento e insumos anticonceptivos.
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