Por Mónica del Río
El proyecto con media sanción es impulsado por Vox -Asociación Civil por los derechos de lesbianas, gay, transexuales y bisexuales- que reavivó su lobby en el Senado buscando apoyos concretos que permitan la aprobación de la ley.
En la sesión del 5 de agosto la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó sobre tablas y por unanimidad, el proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas que ahora estudia el Senado (Expediente 19191 – CD). De obtener el visto bueno de las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales, pasaría al recinto para su aprobación definitiva.
El proyecto con media sanción permite el registro de parejas “con ostensible trato familiar, con independencia de su sexo u orientación sexual" (art. 2º), que acrediten dos años de convivencia y el mismo tiempo de residencia en la provincia (art. 3º). Los unientes accederían a la obra social de su pareja, podrían sacar un crédito “familiar”, reclamar subsidios o pensiones, obtener licencias laborales por enfermedad del compañero, etc. El vínculo legal se podría disolver por decisión unilateral.
El proyecto se funda en el principio de “no discriminación”, dice el art. 1º, “Nadie puede ser discriminado por razón de grupo familiar o análogo al mismo, del que forme parte”, pero, tal como ha advertido la Congregación para la Doctrina de la Fe, “para sostener la legalización de las uniones homosexuales no puede invocarse el principio del respeto y la no-discriminación de las personas” porque “distinguir entre personas o negarle a alguien un reconocimiento legal o un servicio social es efectivamente inaceptable sólo si se opone a la justicia”.
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