Por Mónica del Río
Posadas, Misiones
PEDIDO DE ABORTO EN POSADAS
La madre de una adolescente de 14 años violada y embarazada de 11 semanas solicitó un aborto. Ella y su hermana –que ahora tiene 10 años– habrían comenzado a ser abusadas sexualmente por su tío materno hace dos años. La Red Federal de Familias intenta ayudar a la madre y al hijo. El Gobierno nacional presiona para que practiquen el aborto antes de agotar la vía judicial. Negar el aborto sería “violencia contra la libertad reproductiva de la mujer".
La madre de una adolescente embarazada tras reiteradas violaciones, pidió -a través de la defensora oficial Elsa Fragueiro-que le practicaran un aborto. El viernes pasado la juez de Familia N° 2, Marta Alegre, denegó la autorización; pero Fragueiro apeló la decisión y el expediente fue remitido a la Cámara Civil y Comercial.
El ofrecimiento de la Red Federal de Familias (RFF)
En una carta abierta difundida hoy, la RFF, presente en Misiones, le pidió a la adolescente embarazada que le permita ayudarla. “Queremos lo mejor para vos y para ese bebé que llevas dentro”, dice la misiva que lleva la firma de Julieta Lardies, delegada provincial de la RFF y Nora García, Secretaria del Equipo provincial de trabajo.
La Red le ofrece a la joven y a su familia un equipo de profesionales –conformado, entre otros, por médicos y psicólogos- y familias dispuestas a adoptar al niño, si luego del nacimiento decidieran no tomar a su cargo la crianza y educación del mismo. “Queremos que sepan que no están solos, que comprendemos su dolor y angustia”, manifestaron.
La presión del Gobierno nacional
En todos los casos de aborto que llegan a la justicia, funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner salen a pedir que asesinen al niño por nacer. En esta oportunidad Pedro Mouratian -que tras el escándalo protagonizado por Claudio Morgado y María Rachid fue designado interventor en el INADI- mencionó los antecedentes de Río Negro y Chubut, y agregó: “debemos tener en cuenta que la judicialización de estos casos implica el riesgo de postergar el aborto hasta un estado más avanzado del embarazo que lo vuelva impracticable, poniendo en mayor riesgo la vida y la salud integral de las mujeres, que recurren, en muchos casos, al aborto clandestino”. Mientras que Perla Prigoshin, que encabeza la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), organismo creado en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación a partir de la Ley Nº 26.485 de Violencia contra la mujer,afirmó que la negativa a practicar el aborto a “una joven violada por un integrante de su familia configura violencia institucional que implica, además, violencia contra la libertad reproductiva”.
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