En casos como éstos, las familias pudientes pagan una multa de 200.000 yuanes (el equivalente a 23.700 euros) y el gobierno legaliza al bebé. Pero, ¿qué ocurre si los padres se niegan a pagar?
Pues que a los hijos “ilegales” se les deniega el permiso de residencia (hukou) en la ciudad, Pekín en este caso. Lo que implica, entre otras cosas, que no podrán acceder a los servicios públicos básicos como la educación o la sanidad, ni, en el futuro, tener un puesto de trabajo en la ciudad.
Las medidas contra los padres que “delinquen” son variables. De momento, a Yang Zhizu le han expulsado de la universidad donde enseñaba, el Beijing Youth Politcs College. Ahora le toca hacer frente a un futuro incierto.
El matrimonio Zhizu-Hong podía permitirse el lujo de pagar por su segunda hija, Ruonan. Pero no es un problema de dinero lo que está en juego. Es que, como explica Zhizu en una entrevista, la política del hijo único es “ridícula”. “¿Por qué tengo que pagar por tener una hija? Es nuestro derecho como ciudadanos”, explica.
Zhizu y Hong se han convertido en figuras nacionales. Sobre todo, Zhizu, que es quien ha perdido su trabajo. Sus colegas de la universidad se han atrevido a escribir una carta al gobierno, pidiéndole que le devuelvan la plaza. Y añaden que “ya es hora de replantearnos nuestra política demográfica”.
Pero quizá lo más relevante de este caso es la sacudida cívica que ha provocado en la Red. En una encuesta realizada por una web a 75.300 chinos, el 91% manifestó su apoyo al “matrimonio rebelde”. Incluso el China Daily, el periódico estatal publicado en inglés, reconoce que el ejemplo de Yang ha conquistado “decenas de miles de corazones por todo el país”.
Junto a esta historia de heroísmo protagonizada por el matrimonio Zhizu-Hong, The Spectator denuncia un aspecto más oscuro de la polémica: “Mientras un profesor de Pekín se juega el tipo por poner una pequeña zancadilla a la política del hijo único, algunos profesores británicos –probablemente, misántropos deprimentes– proporcionan al gobierno chino nuevos argumentos para mantener esta política”.
The Spectator cita, entre otro ejemplos, a los investigadores de la asociación malthusiana Optimum Population Trust (OPT), que aboga abiertamente por la reducción de la población mundial.