La ronda de consultas públicas, organizada por el Senado en el interior del país para recabar opiniones sobre la modificación a la ley de matrimonio civil, arroja un resultado apabullante. Por medio de marchas y declaraciones, en todas las provincias -sin excepción- los ciudadanos se manifestaron mayoritariamente a favor de la familia tradicional.
Córdoba, San Juan, Mendoza, Jujuy, Neuquén y Tucumán fueron escenario de las audiencias públicas organizadas por la Comisión de Legislación del Senado, cuya titular es la legisladora puntana Liliana Negre de Alonso, para debatir la iniciativa legal que avala el matrimonio entre personas del mismo sexo, vía modificación de la actual ley de matrimonio. En cada una de estas ciudades la gente del interior se manifestó en contra, masiva y unánimemente, sin que esto implique en modo alguno discriminar a ninguna minoría.
Quien mejor resumió lo ocurrido durante este proceso fue el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, quien —a través de su ministro de Gobierno, Mario Adaro— remarco que la iniciativa, “así como está planteada, no tiene viabilidad social ni política en el país”, al mismo tiempo que sugirió que se puede “crear un contexto de equiparación de derechos, pero no utilizando la figura del matrimonio” (Diario Uno, 24-06-2010) sino otras como la “unión civil”, ya sancionada en algunas jurisdicciones como la provincia de Río Negro, la ciudad de Buenos Aires y las localidades cordobesas de Carlos Paz y Río Cuarto.
En sintonía con ese sentir popular de rechazo, se da por descontado que, en la sesión del próximo 14 de julio en la Cámara Alta, los senadores nacionales votarán en contra de la inclusión de parejas del mismo sexo en la institución matrimonial vigente, modificación que hace pocos meses obtuviera media sanción en Diputados.
Para el ojo desprevenido, podría parecer que existe un evidente desencuentro en el seno del Congreso de la Nación. Desencuentro que, incluso, superaría el marco de las fidelidades partidarias, habida cuenta que muchos legisladores de ambas cámaras se han pronunciado en contra de la posición oficial sostenida por las agrupaciones a las que pertenecen.
En realidad, lo que se vuelve a plantear en esta oportunidad es la aparente dicotomía entre Buenos Aires —el centro urbano más poblado e influyente del país, la cabeza de Goliat— y el resto de las provincias que componen la Argentina. Ya en 1853 y con las reformas constitucionales posteriores, los constituyentes previeron esta situación. Para remediarla, instituyeron un Congreso bicéfalo que funcionaría como una balanza para equilibrar situaciones como la planteada.
En uno de los platillos de la balanza se ubica el Senado, que representa a las provincias en situación de igualdad: en la actualidad, tres legisladores por cada una de ellas elegidos por el voto popular. En el otro platillo, la Cámara de Diputados representa a todos los ciudadanos por medio de un sistema proporcional: ergo, las provincias con más habitantes tienen una mayor cantidad de diputados.
Uno de los puntos más débiles de los sistemas democráticos es la permeabilidad que suelen tener los legisladores a los denominados “grupos de presión”, también designados con el término inglés lobbies, que representan a minorías con gran poder de persuasión. Generalmente se consideran lobbies a las corporaciones económicas que buscan influir sobre el Poder Legislativo para sancionar normas ventajosas para su sector. Dos ejemplos paradigmáticos son la influencia del complejo industrial-militar en la política externa de los Estados Unidos o la de los productores agropecuarios europeos para poner barreras al ingreso de alimentos en la Eurozona.
Pero no siempre se trata de los asuntos económicos en juego. También existen grupos de presión que responden a intereses sociales, políticos y culturales dispuestos a imponer su propia agenda parlamentaria, sin importar lo minoritario de su representación.
Para lograrlo, estos grupos se apalancan en una muy bien urdida maquinaria de propaganda montada sobre los medios de comunicación de mayor alcance y penetración que, por intereses propios o puro esnobismo, se prestan alegremente a la maniobra.
Sin lugar a dudas, esto es lo que ocurre actualmente con la iniciativa de sancionar el matrimonio de parejas del mismo sexo en la Argentina, impulsada por organizaciones que dicen representar los intereses de la población homosexual —sin que hayan legitimado nunca esta supuesta representación— y que actúan como un verdadero grupo de presión gracias al apoyo manifiesto, o cuando menos indolente, de los mass media porteños.
Así, a fuerza de provocaciones y golpes de efecto en la franja horaria de mayor audiencia televisiva, se ha logrado colocar en el centro de la escena un debate que carece de sustento real, que no es un reclamo generalizado en la sociedad, a diferencia de anteriores debates de igual envergadura mediática como, por ejemplo, el planteado por la ley de divorcio en la década del 80, que vino a zanjar una problemática que afectaba a miles de familias argentinas.
Es notable la extrema permeabilidad que han demostrado a esta campaña propagandística gran parte de los diputados porteños y del conurbano bonaerense —el grupo mayoritario— influidos, más que nada, por la presión ejercida por el lobby de las entidades que nuclean homosexuales desde diarios, radios y canales de televisión con alcance nacional. Y también la aquiescencia de algunos diputados del interior del país, que ponen el interés propio o de su partido por encima de los intereses de los ciudadanos que los votaron en sus respectivas provincias.
El Senado —debido a su propia naturaleza institucional— está integrado por hombres y mujeres fuertemente referenciados a las estados provinciales que representan y al mandato de los ciudadanos que los eligen y, por lo tanto, menos expuestos a la coerción de grupos de presión circunscriptos a Buenos Aires y sus adyacencias.
Luego de que los senadores emitan en las próximas semanas su casi seguro voto negativo sobre el tema, el andarivel de la discusión parlamentaria podrá continuar con el tratamiento de asuntos verdaderamente urgentes para el país. Lo que no quita que los legisladores también se ocupen de proteger los derechos de aquellos que, por sus elecciones de vida, conforman una minoría, aunque sin por ello caer en dislates jurídicos como el planteado por la iniciativa que ahora se debatió.
Como saldo positivo, rescatemos este reverdecer de la voluntad de ejercer pública y enfáticamente la defensa en todos los ámbitos —públicos y privados— de la familia tradicional, de la crianza en un ámbito sano de nuestros hijos y de los valores sobre los que se funda una sociedad que apuesta al futuro, a las nuevas generaciones, alejándonos lo más posible del relativismo moral y oportunista que esgrimen sus detractores.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario