España: en el Congreso, el PSOE y minorías de izquierda pide la supresión del delito de aborto y que menores puedan abortar sin consentimiento paterno

El texto de la subcomisión del Congreso encargada de la reforma de la actual Ley del Aborto, pactado tan solo entre el PSOE y las minorías de izquierda (ERC, IU, ICV, BNG y Na-Bai), en contra de casi la mitad de la Cámara representada por la oposición del Partido Popular (el PNV se abstuvo, mientras CiU ni siquiera votó), aboga por la "derogación del delito de aborto" y solicita que a partir de los 16 años de edad las menores puedan interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno.
El documento, que fue aprobado ayer tarde en la Comisión de Igualdad, pide la creación de una nueva ley que "permita" abortar libremente dentro de un número determinado de semanas, aunque no concreta el plazo. Los grupos de izquierda solicitan que este periodo de tiempo se amplíe "al menos" en caso de "grave peligro para la vida o salud de la embarazada" y en caso de "graves anomalías físicas o psíquicas o malformaciones en el feto".
Esto significa, lisa y llanamiente, que se podrá abortar cuando se quiera sin necesidad de demasiados argumentos, porque pasado el plazo que se prescriba, bastará un certificado médico, firmado incluso antes de revisión alguna. Curiosamente, esto último es lo que venía ocurriendo cuando se descubrieron los macabros casos de ciertas clínicas donde se expedían los certificados médicos sobre anomalías físicas o psíquicas, firmados de antemano, para abortar incluso a los ochos meses de embarazo y para lo cual se habían adquirido unas trituradoras especiales para fetos humanos. Y más curiosamente aún: el descubrimiento de estas prácticas fue lo que motivó al Gobierno para “reformar” la actual ley de despenalización del aborto, prevista para solo tres casos, a fin de “dar garantías a la mujer”, en lugar de poner el acento en el derecho a la vida.
Pese a que el texto no los concreta, los grupos han establecido una serie de requisitos sobre los plazos de la nueva ley: que "estén en la línea con el previsto con los países" del entorno de España, "que puedan facilitar el consenso social", "que den cabida a la gran mayoría de las interrupciones que se practican en España" y que atiendan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
Se pide que los abortos sean costeados por Sanidad Pública
Además, los pactistas de izquierda demandan que la práctica de abortos se "garantice en el sistema sanitario público", así como de la planificación familiar, "contemplando la posibilidad de establecer centro y líneas de atención específica para jóvenes". En esta misma línea, solicitan que se incluya en la cartera de servicios de los centros sanitarios públicos "el acceso a los métodos anticonceptivos fiables y seguros incorporando los de última generación y de emergencia comprobados clínicamente".
El documento pide, además, que a partir de los 16 años se pueda decidir abortar libremente, sin necesidad del consentimiento paterno, y que se escuche la opinión de las chicas que se embaracen a partir de los 12 años. Además, piden que "la formación en educación afectivo-sexual (es decir, uno de los aspectos ideológicos de “Educación para la Ciudadanía”) sea obligatoria en el sistema educativo, con el fin de prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual", así como que se diseñen políticas públicas en materia de prevención "acordes con las necesidades de los distintos grupos de mujeres".
”Clarificar” la objeción de conciencia de médicos y sanitarios
Los grupos del pacto también solicitan que "se facilite a las mujeres, de manera objetiva, neutra y en base a la evidencia científica, información precisa, por una parte, sobre las características médicas de la intervención y, por otra, sobre alternativas, ayudas y apoyos sociales que se encuentran a su disposición en el caso de que continúe con el embarazo". Asimismo, el documento reclama al Gobierno que "clarifique el ejercicio de la objeción de conciencia" y que "establezca protocolos sencillos que garanticen la agilidad de los trámites para solicitar y realizar la prestación en la red sanitaria pública".
Las formaciones políticas piden a las administraciones que "trabajen por la dignificación de esta prestación sanitaria y de los profesionales que con su esfuerzo consiguen que sea una prestación sanitaria de calidad". Por último, recuerdan al Gobierno la futura ley de plazos deberá ser configurada "de forma que resulte plenamente compatible con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional".
Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, acusó al PSOE de "utilizar el Parlamento como coartada a sus intereses" al acelerar los debates de la subcomisión e imponer un texto de conclusiones elaborado sin consultar con otros grupos.