“La carencia de natalidad y las consecuencias del aborto hacen inviable el sistema público de pensiones tal y como lo conocemos”. La pérdida en cuotas a la Seguridad Social por los abortos realizados sólo en 2008 fue de más de 37.565 millones de euros.
El pasado 26 de noviembre la Comisión Europea advertía de que el progresivo envejecimiento de la población en Europa puede acabar con el Estado del Bienestar en un plazo relativamente corto de tiempo.
Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, la población mayor de 65 años aumentará casi un 40% entre los años 2010 y 2030. Este problema se augura especialmente grave en el caso de España, donde las políticas antinatalistas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero son un lastre para corregir la tendencia actual.
Si a este hecho le sumamos los estragos económicos del aborto, por la pérdida de capital humano, el panorama que se vislumbra en España para el período 2040-2050 no es nada halagüeño para la sostenibilidad del sistema de pensiones, según advierte un estudio del Instituto de Estudios del Capital Social (INCAS) de la Universidad Abat Oliba CEU.
Pero, ¿cuáles son los efectos del aborto en la crisis del sistema de pensiones? La respuesta nos la ofrece ese estudio, ‘El impacto económico del aborto. Una evaluación basada en el valor del capital humano (Noviembre 2010)’.
En 2015, más gastos que ingresos
El estudio del INCAS nos muestra un resumen de los resultados del ‘Informe de Estrategia de España en Relación con el Futuro del Sistema de Pensiones’, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) presentó en 2005 al Comité de Protección Social de la Unión Europea.
Como se puede observar en el siguiente gráfico resumen de ese informe, reproducido a partir del estudio, en 2015 habrá más gastos que ingresos en las cuentas de la Seguridad Social, lo que se puede traducir como la antesala del fin del Fondo de Reserva.
“Las cifras muestran que en 2015 se iniciaría el déficit que podrá ser cubierto con el fondo de reserva hasta 2020. A partir de esa fecha el fondo se habrá agotado y se producirá un déficit efectivo, además de signo creciente”, dice el estudio del INCAS.
Y esto es así porque “si en 2020 las pensiones estrictas significaban un gasto de 153.732 millones de euros, en 2030 será ya de 262.980 millones de euros, mientras que los ingresos evolucionan a un ritmo menor”, añade.
“Así, en el periodo 2015-2020 los gastos experimentan un índice de incremento en relación al año base (2015=100) de 129, mientras los ingresos se situarán sólo en el 115”, aclara.
El estudio hace además otra observación que tiene que ver con el hecho adicional de que “estas previsiones parten de hipótesis continuadas de ocupación y productividad óptimas, por tanto, es posible que en la realidad sean peores”.
El estudio concluye en este apartado que “a partir de 2020 el sistema público de pensionesgenerará un déficit presupuestario que se querrá paliar haciendo modificaciones substanciales en las prestaciones y en las cuotas”.
El factor demográfico
Por otra parte, aunque las previsiones iniciales se han visto alteradas positivamente como consecuencia de la inmigración, el paro y la caída progresiva del número de inmigrantes, por la propia crisis entre otras causas, han neutralizado el efecto migratorio, que, desde 1999, ha crecido “a un ritmo de medio millón por año de promedio”.
Así pues, “es una evidencia numérica que las cuentas de la Seguridad Social pasan por un buen momento, pero también lo es que se trata de una situación transitoria”, señala el estudio del INCAS.
Cabe recordar que, en esas todavía saneadas cuentas, “la buena evolución de la economía española desde hace más de una década, que empezó a mitad de los años noventa del siglo pasado, tiene que ver, cierto, pero no es realmente la causa principal”.
El estudio afirma que “la clave del avance no radica tanto en la mejora de la proporción de los ingresos, es decir las cotizaciones sociales, como en la ralentización del gasto por efecto de la Guerra Civil 1936-39, que es lo que otorga en su escala temporal la especificidad española. Se trata de las personas muertas o desaparecidas en aquella guerra y que habrían, o estarían todavía percibiendo su jubilación”.
En cualquier caso, “la inmigración no resuelve el problema a largo plazo, ni siquiera utilizando las hipótesis máximas del Instituto Nacional de Estadística (INE)10, con una entrada de hasta 14,5 millones de inmigrantes hasta 2060, a un ritmo de 400 mil entre 2007 y 2010 de entre 260 mil y 280 mil entradas netas anuales entre aquél año y 2060”.
Además del impacto de una inmigración tan numerosa sobre la sociedad de acogida, “esta inyección demográfica no sería suficiente, incluso con hipótesis muy optimistas con respecto a la tasa de actividad, el 81,3% en 2059, reduciendo el paro hasta el 3,5% y la productividad a medio y largo plazo del 1,5%”.
“El crecimiento de la pensión real media se sitúa por encima de esta cifra, en el 1,8% debido al efecto sustitución. En este contexto, el gasto en pensiones pasaría del 7,7% del PIB en 2004 al 17,9 en 2059 y, antes, en las fechas indicadas en torno a la segunda década de este siglo se produciría la insuficiencia”.
Hay que insistir en que las anteriores cifras “hoy en plena crisis se antojan inalcanzables. Las circunstancias económicas empeoran el escenario”, sentencia el INCAS.
Carencia de natalidad y aborto, dos factores clave
El estudio plantea como dos factores clave en este preocupante escenario la carencia de natalidad y las consecuencias del aborto.
“Con 1,4 hijos por mujer, que es el máximo que observamos, el sistema público de pensiones tal y como lo conocemos, es simplemente inviable”. Se hace necesario “el reconocimiento de su coste real y la necesidad de formular un equilibrio entre prestaciones y aportaciones […] Sin equilibrio demográfico ni una relación actuarial correcta, el sistema no es sostenible”, advierte el INCAS.
Dos son las condiciones que propone el estudio para intentar salir del atolladero: “a largo plazo, recuperarnos demográficamente es condición necesaria; a medio plazo, reajustar la relación costes/prestaciones”.
Además, “en todos los casos, generar ocupación y mejorar la productividad también lo es”.
Las consecuencias, en cifras
En cuanto a las consecuencias del aborto sobre el sistema público de pensiones, el estudio recuerda que “la aportación monetaria en términos de capital humano perdida por aquella causa, será a su vez generadora de pérdidas de las aportaciones a la Seguridad Social en forma de cuotas”.
Tal como se puede ver en este cuadro, elaborado por el propio INCAS, las pérdidas en cuotas a la Seguridad Social a lo largo de la vida laboral a causa de los abortos son millonarias.
Esto en lo referente al conjunto de los abortos para el período1985-2020, aunque, cifrando las pérdidas que ocasionaron los abortos realizados sólo en 2008, el valor de lo que perdería la Seguridad Social considerando todo el período de vida activa de los abortados sería también importantísimo: 37.565,6 millones de euros.
Si consideramos que en el ejercicio cerrado de 2008, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ascendía a 50.373 millones de euros, las perdidas antes mencionadas a causa del aborto en ese año representan el 74,6% del Fondo de Reserva.
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