La ONU instó al gobierno a "garantizar" la aplicación de la Guía para la Atención Integral de Abortos no Punibles y pidió que "revise" la legislación que tipifica como delito la interrupción del embarazo.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que monitorea el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, pidió al gobierno que presente en dos años "información escrita" sobre las medidas para el cumplimiento de esas recomendaciones. "El Estado debe garantizar que la Guía para la Atención Integral de casos de Aborto no punible es aplicable en todo el país de manera uniforme por lo que es igual y el acceso efectivo a servicios de salud a los embarazos de interrupción", sostuvo el texto difundido por organizaciones no gubernamentales.
La actualización de la guía para la práctica de abortos no punibles destinada a profesionales de la salud, vigente desde 2007, provocó una polémica en julio cuando el ministerio de Salud negó haber elevado a Resolución las recomendaciones presentadas con esa categoría ante el CEDAW. En el marco de la actualización, la guía prevé la práctica del aborto en casos de violación con la sola exigencia de una declaración jurada o una denuncia policial de la mujer.
El organismo, asimismo, pidió al gobierno a que "adopte todas las medidas necesarias para reducir la alta tasa de mortalidad materna" y manifestó "preocupación por la tasa de embarazo de adolescentes niñas y la mortalidad materna, un tercio de la cual es causada por el aborto ilegal".
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