La Fundación Ciudadanía y Valores celebró dos jornadas sobre “Objeción de conciencia y desobediencia civil” en la que participaron diversos expertos en la materia. Recogemos un extracto de la presentación realizada por Luis Prieto Sanchís, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha y director del área jurídica de la Fundación.
Prieto Sanchís advierte que hay una gran heterogeneidad de casos de objeción de conciencia, así como son muy variados los fundamentos que esgrimen las conciencias objetoras.
La diferencia fundamental entre las distintas objeciones de conciencia estriba “en la naturaleza de los bienes jurídicos para cuya protección se establecen los correspondientes deberes u obligaciones que luego son objetados”. En ocasiones, se trata de bienes colectivos cuya satisfacción global requiere la concurrencia de una pluralidad de conductas individuales fácilmente sustituibles (servicio militar); pero otras veces reclaman un cumplimiento íntegro por parte de todos los obligados, como ocurre con las normas de protección de la salud pública; y en otras lo que está en juego son derechos o expectativas de personas concretas, como en la objeción al aborto.
Por esta razón, Prieto Sanchís cree que cada una de las objeciones “puede y debe merecer un juicio diferente, y ello tanto en el plano moral como en el jurídico”.
¿Puede objetarse frente a leyes aprobadas por un Parlamento democrático? Prieto Sanchís sostiene que sí cabe objetar en estos casos, pues las decisiones del legislador también pueden violentar las convicciones de los ciudadanos. El hecho de que un Parlamento haya sido elegido democráticamente, dice, no le convierte en una “fábrica de eticidad que cancela todo debate o disidencia”. “Como se pregunta con gracia un colega y amigo, si las leyes democráticas no pudieran ser objetadas, ¿qué es lo que entonces puede objetarse: el resultado de la primitiva?”
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