MADRID, martes, 20 enero 2009 (ZENIT.org).- La Subcomisión parlamentaria que estudia la actual normativa sobre el aborto, y su posible reforma hacia una mayor ampliación de la interrupción voluntaria del embarazo, está a punto de concluir sus trabajos. El partido gobernante en España dejó esta cuestión para que se debatiera una vez pasadas las elecciones generales. Ahora, todo hace prever que la ampliación del aborto está cerca.
Como prometió en su programa electoral, después del monumental escándalo del cierre de varias clínicas que practicaban abortos ilegales y la detención de sus responsables, el Partido Socialista (PSOE) confió la futura reforma a un posterior debate social.
En España no se permite el aborto libre y sólo se despenaliza, por una ley de 1985, en tres supuestos: malformación del feto, violación, y peligro para la salud de la madre. Por el coladero de la "salud psíquica de la madre" se produjeron, en más de veinte años, abortos que, eran de tipo económico o que creaban dificultades a la madre por diversos motivos, y muy frecuentemente por un fracaso en la relación de pareja, o la falta de asunción del padre de sus responsabilidades.
El tal debate social no se ha producido, mientras que avanzan bastante discretamente, los trabajos de una Subcomisión del Congreso de los Diputados, tal como informa en su página web el propio PSOE. La Subcomisión escuchó a expertos, propuestos por los distintos grupos políticos con representación en la Cámara. Entre otros, fue citado Conrado Giménez Agrela, fundador de la Fundación Madrina, entidad que ayuda a madres gestantes en dificultad (Cf. ZENIT, 13 noviembre 2008).
Tras las detenciones y el cierre de clínicas que practicaban abortos ilegales, los medios de comunicación aludían a España como "el paraíso del aborto". Mujeres de países con una legislación más restrictiva pagaron importantes sumas de dinero para practicarse un aborto en este país.
Según los promotores de la nueva ley, el texto debería reconocer el aborto como "un derecho" que por tanto "no obliga a nadie". El partido gobernante defiende no sólo la necesidad de la nueva norma sino la garantía de la prestación sanitaria gratuita en el Servicio Nacional de Salud, en todo el Estado español.
El ministro de Sanidad, Bernardo Soria, antes de las elecciones generales, dijo que, en caso de ganarlas, se atendería al "debate social" y se estudiaría la modificación de la ley, siempre que hubiera "un consenso amplio". Ni hay tal debate social, ni existe en este tema un "consenso amplio".
Sí existe en cambio una clara discrepancia interna en el PSOE, en cuanto a la oportunidad política de la medida. Mientras que las mujeres desean llevar el debate a la palestra pública, los varones temen un ulterior motivo de crispación, en un momento en que han tenido importantes puntos de confrontación en las relaciones Iglesia-Estado, y este sería uno más.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo hace un año, en declaraciones a TVE, que el Ejecutivo no va a "tolerar de ninguna manera que se vulneren derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la intimidad, ni el de los profesionales de la medicina", a raíz de las detenciones citadas. Lo que hizo reaccionar así a la vicepresidenta fue el que los jueces solicitaran las listas de mujeres que abortaron, para investigar si habían violado o no las leyes españolas.
Entonces, Fernández de la Vega dijo que "en la agenda política del Gobierno no estaba la reforma de la ley" porque "ha venido funcionando durante todo este tiempo razonablemente bien, y por tanto no existe ese debate". En realidad, las elecciones estaban demasiado cerca y el riesgo era demasiado grande como para afrontarlo. Entonces las encuestas anunciaban casi un empate técnico entre los dos principales aspirantes a la presidencia, que luego no fue tal.
Según informa a ZENIT la Fundación Tomás Moro, los médicos no podrán ejercer su pleno derecho a la objeción de conciencia con la ley que se prepara. La nueva norma, dice la Fundación, "no sólo niega el derecho a la vida por parte del más débil: el niño que va a nacer, sino que el facultativo médico que desista de realizarlo [el aborto] deberá obligatoriamente asignarle otro centro". Según la Fundación, "la ley aparecerá dentro de unos dos meses aproximadamente".
Por su parte, el Foro de la Familia denuncia un real decreto que "pretende blindar a las clínicas abortistas, para evitar que el fraude masivo a la actual ley de indicaciones pueda ser detectado y probado, sancionando así de hecho el aborto libre". El Foro denuncia que el texto "anunciado por el Ejecutivo, tras la investigación judicial abierta en algunas clínicas abortistas, incurre en una 'injustificada desigualdad de trato'". Alega que este proyecto "no justifica de ninguna manera por qué es necesario y constitucional regular de manera distinta la protección a la intimidad que merecen las usuarias de la prestación del aborto respecto al resto de los usuarios de los servicios de salud".
Este real decreto se tramita a la vez que el Parlamento elabora las conclusiones de la Subcomisión que estudia la reforma legal de la práctica del aborto.
Por su parte, la asociación "Unidos por la Vida" exige al líder de la oposición, Mariano Rajoy, coherencia ante el aborto. Le recuerda que, en declaraciones a la cadena COPE, calificaba de inconstitucional la eventual aprobación de una ley de plazos. El líder popular aseguró entonces que "no hay nada más progresista que defender a la más indefensa de todas las personas, a alguien que todavía no ha nacido".
Unidos por la Vida reclama ahora a a Rajoy que ponga remedio a la práctica del aborto en todas las comunidades autónomas en las que gobierna su partido. La asociación propone al PP que aplique su Proyecto Adopción para tutelar la vida del menor en gestación y dar respuesta a las miles de parejas candidatas a la adopción nacional.
Al inicio del curso 2008-2009, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció una nueva ley de aborto que se aprobaría en 2009. Si esa ley se aprueba, el delito del aborto desaparecerá del Código Penal español.
Mientras tanto, el partido en el Gobierno ya está lanzando globos sonda sobre lo que sería el nuevo texto legal: aborto libre hasta las primeras 12 ó 14 semanas. Lo dijo el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Ramón Jáuregui, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que no mostró gran preocupación por el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) pudiera vetar la nueva ley, como hizo en 1985. Entonces el TC emitió una sentencia contraria a una ley de plazos. Hoy en día, a juicio de Jáuregui, daría "una interpretación más flexible y más actualizada de ese conflicto".
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