Por Juan C. SanahujaA principios de diciembre pasado, recomenzaron en Perú las investigaciones sobre la esterilización forzada de miles de mujeres, en su mayoría indígenas, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), (vid. NG 135 y sus ref, 521, 522, 585, 586, 704).
Fujimori impuso como política de Estado el Programa de Planificación Familiar, por el cual se esterilizó compulsivamente a campesinas analfabetas que sólo sabían expresarse en la lengua indígena quechua. Fueron cómplices del programa la ONU, a través del Fondo para la Población de Naciones Unidas y la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID).
Los médicos tenían por obligación esterilizar a cuatro mujeres por mes. La práctica mutilante se efectuó no sólo en mujeres que habían tenido hijos, sino en aquellas que nunca habían gestado. El número de las víctimas oscilan según las distintas fuentes entre 250.000 a 350.000. Como consecuencia de las esterilizaciones compulsivas varias mujeres murieron.
Según fuentes de la prensa peruana, el ex presidente Alberto Fujimori no podría ser nuevamente sometido a proceso por este caso, puesto que la Fiscalía de la Nación archivó en el año 2003 la investigación iniciada en su contra.
La investigación actual corre a cargo del nuevo titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Violación a los Derechos Humanos, Jaime Schwartz Azpur.
Esperamos que, como resultado de esta investigación, no sólo se castigue a los cómplices locales sino que quede muy clara la complicidad internacional, como aparece en el Informe final del parlamento peruano sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) en los años 1990-2000. Junio 2002.
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