El homosexualismo político ataca a las comunidades autónomas que aplican la ley que prohíbe inseminar a mujeres cuya pareja no sea estéril porque considera que discrimina a las lesbianas. Una jueza se ve obligada “por imperativo” a dar un niño a dos lesbianas.
La ideología de género ha vuelto a arremeter contra las estructuras sociales. Ahora lo hace a través del caso de Silvia García, una lesbiana de 30 años a la que la Sanidad pública de Asturias le ha denegado el tratamiento de reproducción asistida debido a que no existe infertilidad del hombre en su caso.
Es la segunda vez que sucede esto en el Principado después de que a otra lesbiana, Andrea Muñiz, anunciara un caso similar: “El consejero de Salud del Principado deAsturias, Ramón Quirós, me ha quitado mi derecho a acceder a la Unidad de Reproducción Asistida en Mieres argumentando que no existe infertilidad del varón, la misma razón que le dieron a Andrea días atrás”, ha afirmado Silvia García, vocal de la asociación de la órbita del homosexualismo político Xente Gay Astur (Xega).
La realidad, sin embargo, es que la Consejería de Salud dio la orden de no admitir a ninguna lesbiana ni mujer sola que quiera someterse a un proceso de fertilidad basándose en el Real Decreto 1030/2006 que establece la cartera de servicios comunes a todas las comunidades, y que contempla la “reproducción humana asistida cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida”.
El hecho es que en el caso de las dos mujeres lesbianas no existe infertilidad. Además, aunque en España no hay una normativa que lo regularice, en el contexto europeo existen países como Italia en los que no se le someten a procesos de inseminación con dinero público a mujeres que no vayan acompañadas de una pareja.
Lo que se intenta hacer pasar como una discriminación hacia la orientación sexual de estas mujeres, es en realidad una normativa que establece para todas las mujeres de cualquier tipo de orientación sexual una normativa que no excluye, evidentemente, a las lesbianas.
Es evidente que la reproducción asistida abre interrogantes que el homosexualismo político se encarga de llevar al extremo.
Tres comunidades no pagarán la fecundación en estos casos
Cataluña, Murcia y Asturias ya han afirmado basándose en el Real Decreto que no incluyen ni incluirán entre los servicios financiados públicamente el tratamiento de reproducción asistida a mujeres que no tengan una pareja infértil, entre las que se encuentran las lesbianas.
Otras tres comunidades autónomas, según informa el diario El País, se han saltado la Ley para poder inseminar a mujeres solas (entre las que están las lesbianas) con dinero público. Se trata de Valencia, Andalucía y el País Vasco.
La ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha declarado que “la ley de reproducción humana asistida no discrimina a ningún tipo de mujer, pero no establece si el tratamiento debe financiarse o no”. Una portavoz de su departamento va más allá: “El Sistema Nacional de Salud está para solucionar problemas de salud, no para garantizar el derecho de ser madre, que es algo mucho más amplio”.
Por eso, para la portavoz del Ministerio no hay contradicción entre la ley de reproducción asistida, que dice que no se puede discriminar a las mujeres por su estado civil u orientación sexual, y el decreto que fija los mínimos, que deja entrever que solo se financiarán los tratamientos a en los que uno de ellos es estéril.
El homosexualismo político prosigue su acoso y derribo
La cruz del tenso panorama que está provocando el homosexualismo político en las estructuras sociales se encuentra en una resolución dictada “por imperativo legal” por la jueza Maria Rosa Gutés Pascual, que ha concedido la adopción de un niño de dos años a la pareja de una mujer lesbiana porque la Ley le obliga.
No obstante, la jueza deja claro en el auto su disconformidad con la sentencia que no ha tenido más remedio que aplicar. La magistrada considera y declara en el auto que “ya que Dios los creó a los progenitores hombre y mujer, lo ideal sería que el menor contara con un padre y una madre, o con un buen padre y una buena madre, si se prefiere”.
En el auto, al que ha tenido acceso El Periódico, la jueza dice que la ley actual es “disparatada” y afirma que “cuando el padre ejerce sus funciones correctamente, máxime al tratarse de un niño varón, no puede suplirse ni equipararse con una segunda madre, por muy madre que sea”.
“Podemos admitir que el menor contará a todos los efectos legales con una nueva figura materna ..., a pesar de que, en los planos afectivo, educativo y material, bastaría al menor una sola figura materna”, agrega la magistrada.
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