Por Amanda Pawloski
NUEVA YORK, 31 de marzo 2011 (C-FAM) – Un bufete de abogados abortista se unió recientemente al organismo de la ONU que supervisa la población y emitió un informe conjunto en el que proclama un derecho humano al acceso a los servicios de atención de la salud que incluye drogas utilizadas para abortos farmacológicos.
El Fondo de Población de la ONU (UNFPA, por sus siglas en inglés) se asoció al Centro de Derechos Reproductivos, importante organización pro-abortista, para publicar el informe conjunto que aborda la información y los servicios de anticoncepción específicamente para mujeres y adolescentes. Las notas al pie del informe resaltan el trabajo de muchas de las principales organizaciones que promueven los derechos de aborto.
Asimismo, este informe exige a los gobiernos que contemplen “obligaciones mínimas” respecto de los servicios de atención de la salud, que deben ser mantenidas independientemente de los cambiantes factores socioeconómicos. Entre las obligaciones mínimas de salud se encuentra la de proporcionar al público la lista de drogas esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Ésta incluiría el misoprostol, que se utiliza para el aborto farmacológico.
Según el informe, el hecho de que se requiera del consentimiento conyugal o de los padres para acceder a los anticonceptivos constituye un obstáculo jurídico para los derechos humanos. Las dos organizaciones demandan que los estados brinden un acceso irrestricto, o que se subsidien los anticonceptivos para garantizar la accesibilidad económica. Ellos estipulan que los estados no deberían discriminar ciertos anticonceptivos, incluso los de emergencia, que pueden ser abortivos.
La UNFPA rechaza específicamente la objeción de conciencia y pretende que los estados garanticen que los médicos que presenten objeciones estén obligados a ofrecer una derivación en vez de “caracterizar de manera errónea [a los servicios de salud reproductiva] sobre la base de creencias personales”. El informe está plagado de un lenguaje que condena la discriminación ideológica de la planificación familiar, incluso las objeciones fundamentadas en valores religiosos. Por ejemplo, dice: “Debido a que el conflicto de conciencia sólo puede experimentarlo un individuo, la objeción de conciencia no puede ejercerse en representación de una institución”.
Dentro del derecho a la anticoncepción delineado por el UNFPA se encuentra el derecho a la educación sexual para los jóvenes. Algunos organismos de la ONU se infestaron de sugerencias polémicas sobre salud reproductiva para la gente joven, desde el escandaloso currículo de educación sexual de la UNESCO hasta la afirmación de UNICEF de que los niños de 10 años tienen derecho al aborto seguro.
El documento se basa en múltiples referencias a la ONU para generar la imagen de un consenso oficial, a pesar de que ningún derecho específico a la anticoncepción se incluyó jamás en ningún tratado de las Naciones Unidas. Afirma: “Los estados partes de los tratados de derechos humanos internacionales y regionales se comprometieron a proteger los derechos básicos que subyacen al derecho a la información y a los servicios de anticoncepción”.
Según se afirma en el documento, las estadísticas y las cifras referidas a la demanda y al uso de anticonceptivos que se citan en el informe miden indicadores extremadamente difíciles de determinar, como ser el tamaño de familia deseado y las prácticas anticonceptivas. El documento sostiene: “A pesar de su deseo de evitar o posponer el embarazo, aproximadamente 215 millones de mujeres de países en desarrollo utilizan sólo métodos tradicionales, los cuales cuentan con un alto índice de fracaso, o no utilizan ningún método anticonceptivo en absoluto”.
La UNFPA sostuvo por años su neutralidad respecto del aborto, a pesar de que existen numerosos ejemplos de que lo ha promovido en los últimos tiempos. El haberse asociado a un conocido bufete abortista para emitir este informe confirma la opinión de muchos críticos de que este organismo de la ONU está estrechamente vinculado a la industria del aborto.
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