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La Santa Sede aprecia el intento de la Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, presentada en la asamblea general de las Naciones Unidas el 18 de diciembre, de condenar todas las formas de violencia contra las personas homosexuales, así como de pedir a los Estados que tomen las medidas necesarias para acabar con todas las penas criminales en contra de ellos.
Al mismo tiempo, la Santa Sede observa que la formulación de esta Declaración va mucho más allá de este intento compartido.
En particular, las categorías de "orientación sexual" e "identidad de género", utilizadas en el texto, no encuentran un reconocimiento o una definición clara y acordada en el derecho internacional. Si estas categorías son tomadas en cuenta a la hora de proclamar y aplicar los derechos fundamentales, crearían una seria incerteza en la ley, y socavarían la capacidad de los Estados para introducir y aplicar convenciones y criterios de derechos humanos nuevos o ya existentes.
A pesar de la justa condena y de la protección de todas las formas de violencia contra las personas homosexuales que hace la Declaración, el documento, si es considerado en su totalidad, va más allá de este objetivo y deja espacio a una incertidumbre en el derecho, planteando un desafío a las normas existentes sobre derechos humanos.
La Santa Sede sigue afirmando que todo signo de discriminación injusta contra personas homosexuales debería ser evitado y pide a los Estados que eliminen las penas criminales contra ellas.
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