El Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, calificó de aberrantes e inconstitucionales las conclusiones del comité de "expertos" del Ministerio de Igualdad, que propuso que el aborto sea libre hasta las 14 semanas y que las adolescentes de 16 años puedan abortar sin necesidad del consentimiento paterno."Lo que ha hecho el Gobierno en el día de hoy es un paso más de manipulación, sectarismo y desprecio por la sociedad, ya que como se esperaba las conclusiones coinciden con los presupuestos gubernamentales", expresó Hertfelder, quien criticó que el comité lo hayan formado personas interesadas ideológica y económicamente en la promoción del aborto.
El presidente del IPF dijo que se trata de "un paso más" a favor del proyecto del Gobierno y en contra de las necesidades de las mujeres, niños, padres, de la sociedad "y de cualquier otra cosa que no se ajuste a sus deseos". "Se ha consumado la farsa", afirmó.
Por ello, exigió al Gobierno formar "un comité de auténticos expertos que abra un debate serio y profundo", sin dogmatismo ideológico y sectario. De lo contrario, advirtió, la aplicación de estas conclusiones provocará "que el aborto sea un coladero mayor que el actual".
Hertfelder señaló que las conclusiones del comité, además de ir contra la Constitución española, son "contrarias a la mayoría de las legislaciones de la UE27".
En febrero pasado, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados un proyecto que propone reformar la ley del aborto, con similares recomendaciones que las del comité del Ministerio de Igualdad: aborto libre y la no necesidad del consentimiento de los padres para que aborten las adolescentes de 16 años.
En el caso del comité, este propone que el aborto libre sea hasta las 14 semanas, y hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías en el feto. Asimismo, "recomendaron" al Gobierno socialista que no se establezca límite alguno para aquellos casos de diagnósticos tardíos de malformaciones.
Con respecto a la objeción de conciencia, indicó que los hospitales públicos deberán derivar a una determinada unidad a las mujeres que quieran abortar, para evitar que vayan a una clínica privada cuando un médico desea ejercer su derecho.
Los miembros del comité "plantean que la objeción de conciencia no suponga un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria (el aborto) en el sistema público de salud ya sea en la red pública o concertada", afirmó en una nota el Ministerio de Igualdad.
La ministra de igualdad, Bibiana Aído, informó que estas conclusiones serán presentadas mañana al Consejo de Ministros, para que el Gobierno elabore "antes del verano un Anteproyecto de Ley que tomará en cuenta sus recomendaciones y las que ha aprobado la Comisión de Igualdad del Congreso".
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