Poco a poco, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, revela su estrategia de ingeniería social destinada a que la sociedad asuma como un progreso sus proyectos de ley sobre el aborto y, en su momento, la eutanasia. En este contexto, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, declaró ayer en el Congreso de los Diputados, que la nueva regulación sobre el aborto se introducirá en una "ley más amplia que incluya cuestiones que atañen a la salud sexual y reproductiva, y que ponga especial énfasis en la información y la prevención" de embarazos no deseados.
Durante la sesión de control al Gobierno, Aído aseguró que la futura legislación "protegerá a las mujeres" para que puedan abortar "con seguridad y garantías" y garantizará "que los médicos puedan realizar su trabajo con seguridad", lo que sugiere que irá acompañada de na limitación de la objeción de conciencia a los médicos de la sanidad pública. Del mismo modo, y en un alarde de cinismo, la ministra afirmó que con esa ley se protegerá "la vida del no nacido... cuando pueda vivir con independencia de la mujer", como si el feto no dependiese en un momento dado de la voluntad de la mujer de seguir adelante con su embarazo. "El cambio, aseveró la ministra, es posible, razonable y necesario. El Gobierno toma las riendas de ese cambio. Tendremos la mejor ley posible, equiparada al resto de Europa", insistió
La nueva norma, agregó, se elaborará a partir de los informes de la Subcomisión del Congreso y del Comité de Expertos del Ministerio, que son unas "recomendaciones claras de cambio" y coinciden en la necesidad de trabajar en la "prevención de embarazos no deseados", lo que, según la praxis socialista, supone una distribución masiva de anticonceptivos y preservativos sin incidir, en ningún caso, en un cambio de los hábitos de comportamiento que han convertido las relaciones sexuales en una especie de derecho irrenunciable sin alternativa posible.
Como es sabido, el Partido Popular ha manifestado públicamente su intención de votar en contra del proyecto de ley y de recurrir al Tribunal Constitucional. El propio presidente del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, declaró en una entrevista a Antonio Jiménez dentro de su programa “El gato al agua”, que él era partidario de la vida y que el proyecto del Gobierno iba en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional.
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