 Por Daniel Gallo -
Por Daniel Gallo - 
 
Se le quiere dar prioridad; el Senado analizará los proyectos el mes próximo.
Poco más de dos meses después del ríspido debate que terminó en la aprobación 
de la ley de matrimonio homosexual, otro tema polémico se instalará el mes 
próximo en el Congreso Nacional: en ambas cámaras se empezará a discutir la 
legalización del aborto.
Por más que la presidenta Cristina Kirchner haya expresado en más de una 
ocasión su terminante oposición, legisladores oficialistas decidieron avanzar en 
el debate de las propuestas. La senadora chaqueña Elena Corregido solicitó darle 
preferencia en comisión a su proyecto de modificación del artículo 86 del Código 
Penal, que establece las causas de abortos no punibles.
Corregido es una de las dos senadoras nacionales que acompañan en estos días 
a la Presidenta en su visita a Nueva York (la otra es la santafecina Roxana 
Latorre). 
El punto más importante del proyecto es el permiso para realizar un aborto 
tendiente a "evitar un peligro para la salud o la vida" de cualquier mujer. Y no 
sólo contempla los riesgos físicos, sino también los psíquicos y los sociales. 
También establece que ese tipo de peligro deberá ser avalado por la opinión de 
cualquier profesional matriculado de la salud, "distinto del que practique o 
dirija la intervención", y que "en ningún caso se requerirá la opinión de un 
comité de ética". 
El debate sobre el aborto pospondrá en la Comisión de Justicia y Asuntos 
Penales el tratamiento del proyecto de ley de infanticidio, sancionado 
recientemente en la Cámara de Diputados. Esa iniciativa, que busca bajar las 
penas a las madres que matan a hijos recién nacidos, "no es prioritaria", 
expresaron en diversos bloques del Senado. El aborto, en cambio, será tratado 
con preferencia para emitir dictamen. 
"Los proyectos sobre la seguridad nos llevarán algunas semanas más de 
trabajo; después se tratarán los proyectos sobre aborto", dijo ayer a LA NACION 
la senadora salteña Sonia Escudero, presidenta de la Comisión de Justicia y 
Asuntos Penales. 
El proyecto de la senadora Corregido fue respaldado por otras tres 
integrantes del Frente para la Victoria: Teresita Quintela (La Rioja), Nanci 
Parrilli (Neuquén) y Ana Corradi (Santiago del Estero), además de sumarse dos 
naturales aliados del oficialismo: los representantes de ARI de Tierra del 
Fuego, José Martínez y María Díaz. La propuesta de este grupo es flexibilizar 
las causas que posibilitan los abortos no punibles. 
Como se dijo, el punto más importante del proyecto es la habilitación para 
que aborte cualquier mujer, no sólo la que ha sido violada, de modo de evitar 
así que corran riesgos su salud física, psíquica y social. 
Estos dos últimos aspectos no están contemplados actualmente por la normativa 
vigente. 
"El concepto de salud será interpretado de manera integral como el estado 
completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
enfermedad", dice textualmente el proyecto a punto de ser debatido en el Senado. 
Si esa redacción ya muestra lo permeable del artículo a la ampliación casi 
sin restricciones de los casos de abortos no punibles, quita aún más trabas al 
señalar que el peligro para la salud será avalado por un profesional de la 
medicina distinto del que practique o dirija la intervención", es decir, 
cualquier médico que evalúe que la mujer corre riesgos si sigue adelante con el 
embarazo. 
Otros dos proyectos sobre despenalización del aborto estarán también en la 
mesa de debate de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Por un 
lado, se analizará la modificación propuesta por la formoseña Adriana 
Bortolozzi, que apunta a legalizar la interrupción de embarazos en todos los 
casos de violaciones. 
La redacción actual del Código Penal resulta polémica, pues mientras algunos 
se ciñen a la letra del artículo 86 que remite a no castigar los abortos que se 
realicen en personas dementes o idiotas que hayan sido violadas, hay quienes 
consideran que la interpretación debe ser más amplia, es decir, que incluya a 
cualquier mujer cuyo embarazo haya sido producto de una violación. 
En cambio, una iniciativa presentada por la puntana Liliana Negre de Alonso 
restringe aún más lo hoy dispuesto por el Código Penal, al establecer como único 
caso de aborto no punible aquel en que esté en juego la vida de la mujer. Negre 
de Alonso fue la más enérgica opositora al matrimonio homosexual y sus esfuerzos 
por consolidar un frente legislativo contra ese proyecto fueron reconocidos, 
incluso, por aquellos que promovieron aquel tema. 
Como forma de sumar presión social en favor de la interrupción voluntaria de 
los embarazos, un grupo de legisladores organizó una jornada internacional en 
apoyo de los proyectos sobre despenalización del aborto, que se realizará el 
próximo jueves en el Senado. Entre los expositores internacionales que 
participarán de ese seminario figura la senadora colombiana Piedad Córdoba. 
En la Comisión de Seguimiento Legislativo del Episcopado no habían sido 
notificados hasta ayer sobre el tratamiento inminente del aborto en el Congreso. 
No sólo sobre los proyectos en el Senado, sino también de la iniciativa que ya 
debaten asesores de diputados que integran las comisiones de Legislación Penal y 
de Familia. 
Avance en Diputados
Con la firma de más de 50 diputados de todas las bancadas, encabezados por la 
bonaerense Juliana Di Tullio (Frente para la Victoria), el proyecto que se 
analiza en esa cámara tiende a una liberalización plena del aborto, pues 
establece el permiso de interrumpir los embarazos hasta la duodécima semana de 
gestación por la sola voluntad de la mujer. 
Se trata de una iniciativa más ambiciosa que la presentada por Corregido en 
el Senado. Fuentes legislativas que participan de las reuniones en las 
comisiones de Diputados aseguran que hay un fuerte impulso para acelerar el 
tratamiento de ese proyecto. 
Si bien en las presidencias de los bloques mayoritarios, tanto en Diputados 
como en el Senado, se definen otras prioridades legislativas, existe una serie 
de condicionantes externos que llevarían a priorizar los proyectos sobre aborto, 
al igual que ocurrió con el matrimonio homosexual. Por eso, sus promotores 
confían en consolidar la presión social que nace, por ejemplo, de 
pronunciamientos universitarios (sobre lo que se informa por separado). 
También se prepara una marcha al Congreso el miércoles próximo para reclamar 
la despenalización, organizada por partidos de izquierda. Al igual que ocurrió 
durante el debate por el casamiento gay, esas organizaciones suelen empujar 
temas en los que el gobierno nacional no quiere ser visto como promotor 
principal. 
En el Senado no fue vista como casual la invitación a Corregido a formar 
parte de la delegación presidencial en la visita a Nueva York. 
Dejó trascender en diversas ocasiones su posición contraria a la modificación 
de la norma sobre abortos no punibles; sin embargo, permitió la continuidad de 
una guía del Ministerio de Salud sobre el asunto con polémicas recomendaciones. 
ANTECEDENTES 15 DE JULIO 
Tras el matrimonio gay
Inmediatamente después de que el Senado convirtiese en ley el matrimonio 
homosexual, referentes sociales muy cercanos al gobierno nacional, como la 
actriz Florencia Peña, aseguraron de manera pública que el próximo paso sería 
legalizar el aborto, mediante una modificación del artículo 86 del Código Penal. 
20 DE JULIO 
Una guía polémica
El Ministerio de Salud difundió una guía sobre prácticas de abortos no 
punibles, que contempla ampliaciones en los casos en los que está permitida la 
interrupción del embarazo. Además, resolvió prescindir de la opinión de la 
Justicia al aceptar una declaración jurada de la mujer como prueba de una 
violación. 
21 DE JULIO 
Marcha atrás de Manzur
Al conocerse el contenido de esa guía, el ministro de Salud, Juan Manzur 
(foto), aseguró que no había firmado la resolución para aprobar esa norma. 
Trascendió que tanto Manzur como la presidenta Cristina Kirchner se habían 
enfrentado por la aparición de esa guía. Pero la reglamentación no fue anulada 
hasta hoy. 
21 DE SEPTIEMBRE 
El aborto llega al 
Congreso
Las comisiones de Legislación Penal y de Familia de la Cámara de Diputados 
colocaron en la agenda de temas por tratar un proyecto promovido por más de 50 
legisladores que apunta a legalizar el aborto hasta la duodécima semana de 
gestación. En el Senado se tratarán a partir del próximo mes otras tres 
iniciativas relacionadas con el tema en la Comisión de Justicia y Asuntos 
Penales. 
DEBATE POLEMICO
CRISTINA KIRCHNER 
Presidenta 
Dejó trascender en diversas ocasiones su posición contraria a la modificación de la norma sobre abortos no punibles; sin embargo, permitió la continuidad de una guía del Ministerio de Salud sobre el asunto con polémicas recomendaciones.
ELENA CORREGIDO 
Senadora FPV-Chaco
Presentó un proyecto de ley para cambiar el artículo 86 del Código Penal, con la intención de ampliar los casos de abortos no punibles a toda situación que ponga en riesgo la salud física, mental o social de la mujer; viajó a Nueva York con la Presidenta.
SONIA ESCUDERO 
Senadora PJ-Salta
La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales aseguró que pondrá en la agenda del mes próximo los proyectos sobre aborto, por pedido de las senadoras que elevaron esas propuestas; en lo personal, Escudero se opone al cambio legal.
CARMEN ARGIBAY 
Jueza de la Corte Suprema
La magistrada expuso el fin de semana pasado su opinión sobre que es el momento adecuado para debatir cambios en la ley sobre interrupciones voluntarias del embarazo; mantiene hace años su posición favorable a legalizar esos casos.
JORGE VANOSSI 
Constitucionalista
Como presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas firmó un comunicado en el que afirma que es inadmisible constitucionalmente cualquier ampliación de los casos de abortos no punibles; criticó la declaración de la UBA.
ALFONSO DELGADO 
Arzobispo de San Juan 
Fue la primera voz de la cúpula de la Iglesia en criticar los dichos de la jueza Argibay. Planteó, en forma irónica, que deberían legalizarse también las coimas, ya que considera que son una práctica común entre los políticos.