Tabaré Vázquez había anunciado que impondría el veto, aunque la medida aprobada en el Parlamento estaba promovida por su propio partido
Montevideo. El presidente uruguayo, el socialista Tabaré Vázquez, vetó el 13 de noviembre la liberalización del aborto que le había remitido el Parlamento para que la firmase. Vázquez cumplió lo que había anunciado en su día. Su veto no afecta al resto de la nueva ley en que se había incluido la reforma del aborto.
El Senado había aprobado el proyecto el 11 de noviembre, poniendo fin a un prolongado trámite parlamentario. La Cámara de Diputados lo había hecho la semana anterior, luego de una maratónica sesión de 15 horas en la que no faltó la polémica.
La tenacidad casi obsesiva de los promotores del aborto logró un paso más. Fue el sexto intento desde el regreso a la democracia en 1985 por lograr el “derecho” del aborto.
Cabe consignar que el aborto en Uruguay no está totalmente penalizado; en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro no existe el delito. Los procesamientos de mujeres por abortar son muy pocos y los médicos no suelen informar a las autoridades cuando atienden a una mujer que viene de practicarse un aborto.
Las razones del presidente
Tabaré Vázquez ha explicado su decisión en un documento (ver texto completo en PDF, 123 KB) remitido a la Asamblea General (Parlamento) en el que invoca “razones de constitucionalidad y conveniencia” como fundamento del veto que, en ejercicio de facultades constitucionales, ha impuesto a varios artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.
Además de citar las normas de la Constitución que resultan incompatibles con la ley propuesta, el presidente recuerda la obligación de respetar tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. Ambos acuerdos, de los que el país no puede sustraerse sin denuncia expresa, consagran la protección de la vida humana desde el momento de su concepción.
Partiendo de la premisa indiscutida de que “el aborto es un mal social que debe evitarse”, el presidente cuestiona la eficacia de la despenalización y se remite a ejemplos en lo que, por el contrario, se ha revelado contraproducente: “En los Estados Unidos –dice– en los primeros diez años se triplicó, y la cifra se mantiene. La costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España”.
El alegato presidencial se basa también en la evidencia que arrojan las más modernas observaciones científicas de que “desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser”.
Vázquez, médico especializado en oncología y radioterapia, recuerda también que el proyecto de ley reconoce el aborto como acto médico, algo que además de contradecir declaraciones internacionales atenta “contra el sentido común”, pues la deontología de esta profesión impone, antes bien, “actuar a favor de la vida y de la integridad física”.
Cree asimismo el presidente que la norma “afecta la libertad de empresa y de asociación”, obligando a realizar abortos a centros médicos establecidos desde hace mucho tiempo y en contra de sus principios fundacionales. El escrito considera además que la objeción de conciencia se trata “de manera deficiente” en el texto legislativo, y que constituye “una fuente de discriminación injusta” hacia aquellos médicos que se resistan a la práctica del aborto o que quieran desistir de ella.
Finalmente, el razonamiento de Vázquez parece dirigirse en particular a su propio partido cuando recuerda que “se debe proteger más a los más débiles” en el entendido de que “las verdaderas causas del aborto surgen de nuestra realidad socio-económica”. Lo que ha de procurarse, entonces, es “una solución basada en la solidaridad, que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías, y de esta forma salvar a los dos”.
El 20 de noviembre se reunió la Asamblea General para debatir el veto presidencial. Como se preveía, el proyecto no obtuvo la mayoría de tres quintos necesaria para levantar el veto. Durante la sesión, las posiciones políticas parecían invertidas: el oficialista Frente Amplio criticó la decisión de Vázquez y sus argumentos; el opositor Partido Nacional apoyó unánimemente el veto y elogió la actitud del presidente.
De este modo, la liberalización del aborto queda descartada por lo menos hasta 2010, cuando haya nuevo gobierno después de las próximas elecciones.
martes, 25 de noviembre de 2008
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