Veto Presidencial al aborto en Uruguay: Una verdadera lección para América Latina - PRI

Fabiola Morales, vicepresidenta del Congreso Peruano
El 14 de Noviembre, el doctor Tabaré Vásquez, Presidente de la República Oriental del Uruguay vetó el proyecto de Salud Sexual y Reproductiva que pretendía legalizar el aborto en su país. El veto fue emitido tan solo dos días después que las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaran el referido proyecto gracias a las mayorías que en ambas cámaras ostenta el partido gobiernista Frente Amplio. Cabe destacar que todo el procedimiento legislativo estuvo cargado de vicios de forma y procedimientos “fuera de lo habitual” e incluso “fuera del reglamento”. Sin embargo parecía haber un consenso en clase política uruguaya de darlo por válido.
Haciendo uso de la facultad que le concede la Constitución, Vásquez se impuso a la enorme presión de su propio partido que unánimemente había aprobado la moción. Inclusive días antes los medios de comunicación uruguayos reportaron que ningún ministro apoyaría al presidente e imposibilitaría el veto. Versión totalmente refutada por declaraciones públicas de la Ministra de Salud, María Julia Muñoz y por el Ministro de Turismo, Héctor Lescano. Finalmente fue la firma de la primera la que con su firma acompañó formalmente al presidente en su veto.
Desde que asumió la Presidencia en el 2005, Vásquez había anunciado varias veces que vetaría cualquier ley que aprobase el aborto. Incluso en Marzo del 2006 amenazó con disolver las cámaras legislativas si insistían en ese propósito. A pocos meses de terminar su mandato y sin un apoyo seguro para una eventual candidatura para la reelección, sectores a favor del aborto pensaron que Vásquez podría ser más sensible ante la presión y que finalmente cedería.
Coherencia y celeridad al emitir el veto ya eran suficientes atributos para destacar una acción de claridad política (poco abundante en estos días). Sin embargo, las afirmaciones que sustentan legal y políticamente el veto rubricado por el Presidente de Uruguay son una verdadera lección de defensa de la vida para los políticos. (Ver texto completo en http://www.presidencia.gub.uy/_Web/proyectos/2008/11/s511__00001.PDF)
Es así, que la mejor lección política de defensa del derecho a la vida ha venido de quien menos se hubiera esperado: de un Presidente izquierdista en el país de más larga tradición liberal y laicista de América del Sur. ¿Cómo podrán ahora los promotores del aborto meter a Tabaré Vásquez en el corsé de “fundamentalista religioso de un partido de ultra derecha” que tanto les gusta usar para poner a quienes se oponen a considerar el asesinato de un niño por nacer como un derecho?
Ideas centrales en la justificación del veto:
1. “Hay consenso en que el aborto es un mal social a evitar”. La liberalización del aborto no lo reduce, lo aumenta. Para justificar su aseveración hace uso de datos duros (hard data, dicen los anglosajones): “en los Estados Unidos en los primeros diez años se triplicó y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España.”
2. “La legislación no puede desconocer la realidad” científica y biológica. “…el ADN y la secuenciación del genoma humano dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay una nueva vida humana, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos, incluido el nuestro, el ADN se ha transformado en la ´prueba reina´ para determinar la identidad de las personas…”
3. “El verdadero grado de civilización de una nación se mide en el grado de protección que se da a los más necesitados.” El valor de la persona está en su mera existencia, antes que en su utilidad o en los sentimientos que suscita. Claramente un argumento que está en la base del socialismo internacional (que lamentablemente el socialismo viene sistemáticamente dejando de lado).
4. La norma propuesta “afecta el orden constitucional y compromisos asumidos por nuestro país en tratados internacionales entre otros el Pacto de San José de Costa Rica… y la Convención sobre los Derechos del Niño...”
5. En virtud del Pacto de San José de Costa Rica, Uruguay está obligado a proteger la vida desde la concepción y a reconocer en dicha vida a una persona. Si no lo va a hacer, tendría que previamente denunciar la Convención.
6. La regulación de la objeción de conciencia es deficiente y discriminatoria. No se respeta la libertad de conciencia para cambiar de opinión ni de pensamiento.
7. Afecta la libertad de empresa y asociación al obligar a instituciones privadas a actuar en contra de sus principios fundacionales.
8. “El proyecto además califica erróneamente, y de manera forzada, contra el sentido común, el aborto como un acto médico, desconociendo declaraciones internacionales como la de Helsinki y Tokio… que son reflejo de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física.”
9. “De acuerdo al idiosincrasia de nuestro pueblo es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a la criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías, y de esta forma, salvar a los dos”.
10. “Es menester atacar las verdaderas causas del aborto… que surgen de nuestra realidad socio económica…Para ello hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitar el aborto.”
En resumen, un mensaje contundente para políticos que ahora tienen un suficiente e inteligente sustento legal, social, económico, “libertario” y de política de Estado para oponerse a la despenalización del aborto. Nada menos que hecho público y vinculante para sustentar una decisión presidencial en un país que se ufana de su talante laicista. Luego de este veto, habrá que ser un político muy desfachatado para sostener en los foros de la vida pública los argumentos que hasta hoy se han venido argumentando a favor del aborto.