Buenos y malos perdedores - Por Ignacio Aréchaga, Aceprensa

Los buenos hábitos del respeto a la democracia se notan de modo especial en las derrotas. Cuando John McCain perdió la carrera a la Casa Blanca se despidió con un discurso lleno de dignidad. “El pueblo americano ha hablado. Y ha hablado con claridad”, reconoció el senador. Asumió “el valor especial” que la victoria de Obama tenía para los afroamericanos “y el especial orgullo que deben sentir esta noche”. Dijo que había llamado a Obama para felicitarle. Las menciones al ganador no sentaron bien a parte de sus oyentes, pero él cortó con decisión cualquier protesta y prometió su apoyo al nuevo presidente.
Imaginemos otro escenario. McCain dice que el pueblo ha sido engañado por el manipulador Obama, que va a llevar a América al caos. Acusa a los negros de haberse movilizado por su resentimiento racial contra un candidato blanco, lo que califica de “blancofobia”. Asegura que no se rendirá y que continuará la batalla por su derecho a gobernar. Advierte que si es necesario recurrirá al Tribunal Supremo para echar abajo la elección de su adversario. Y anima a sus correligionarios a manifestarse ante las sedes del partido demócrata y a boicotear a las empresas que apoyaron a Obama. Nos parecería que se había vuelto loco.
Pues bien, esa es la reacción que se ha visto en California después de que, en las mismas urnas en que se elegía presidente, una mayoría de votantes del estado aprobara una enmienda constitucional por la que solo se reconoce el matrimonio entre hombre y mujer. Era la segunda vez que rechazaban el matrimonio gay en los últimos ocho años. En 2000 ya lo habían rechazado en referéndum por una mayoría del 61%. Pero, haciendo caso omiso a esta decisión popular, el pasado mayo el Tribunal Supremo del estado decidió por 4 votos contra 3 que las parejas del mismo sexo tenían un derecho constitucional a casarse. Y empezaron las bodas.
Los partidarios de defender el matrimonio como unión de hombre y mujer no tenían ya otro camino que plantear una enmienda a la Constitución del estado, que se votaría el día de la elección presidencial. Presentaron su iniciativa –conocida como Proposición 8–, fue ampliamente debatida durante la campaña, y en las urnas ganó por una mayoría del 52,4%. Se restaura así la voluntad popular que había sido revocada por el Tribunal Supremo.
Cabría esperar que quienes han perdido dijeran “el pueblo de California ha hablado” y respetaran el resultado de las urnas, dos veces repetido. Nada de eso. Los activistas del matrimonio gay aseguran que la mayoría de los californianos ha sido engañada por una manipuladora campaña de desinformación. ¿Pero no han sido precisamente ellos los encargados de contradecir los argumentos de la Proposición 8? Nadie les impidió que, en una organizada campaña, se gastaran casi 40 millones de dólares en lanzar sus mensajes y hacer valer sus argumentos.
Aseguran también que la oposición al matrimonio gay es solo una muestra de homofobia, una nueva discriminación como lo fue en el pasado la discriminación racial. Pero no parece que los negros piensen lo mismo, ya que, según los sondeos a la salida de las urnas, el 70% de ellos votó a favor de la Proposición 8. Y el hecho de que hubiera una participación récord de los votantes negros otorgó mayor peso a su voto.
Jueces y parte
Como los partidarios del matrimonio gay no han logrado triunfar ante el tribunal de la opinión pública, ponen otra vez su esperanza en que el Tribunal Supremo de California vuelva a hacer caso omiso de la voluntad popular. Ya han presentado varias demandas para que el Tribunal Supremo anule lo aprobado en la Proposición 8. Uno de los argumentos es que no es posible que con una simple mayoría de votantes se pueda modificar la Constitución en algo que los grupos gays consideran “un derecho fundamental”. Es algo que no se le había ocurrido ni al Fiscal General de California, ex gobernador y conocido liberal, que admitió la Proposición 8 a referéndum.
Lo curioso es que, según los militantes gays, para que la Constitución reconozca ese derecho basta que así lo interprete el Tribunal Supremo por una apretada mayoría de 4 contra 3, pues la Constitución nada dice sobre el particular; pero si por dos veces el pueblo decide expresamente lo contrario en referéndum, entonces no vale. Es como decir que la Constitución no se basa en la soberanía del pueblo, que puede modificarla, sino en la voluntad de unos jueces. Y los mismos jueces que han sido desautorizados por la voluntad popular, son llamados a pronunciarse sobre la legitimidad de este pronunciamiento.
Junto a las triquiñuelas jurídicas, otros activistas han recurrido a la acción de masas directa. Ha habido manifestaciones airadas ante templos católicos y de los mormones, que defendieron la Proposición 8. También se han organizado boicots contra organizaciones y empresas que contribuyeron con donativos a la campaña a favor del sí.
Evidentemente, si el resultado del referéndum hubiera sido el contrario, nada de esto se plantearía ni por ensueño. Ya no habría más referendos sobre el asunto. Pero en este caso lo que se discute ya no es si uno admite o no el matrimonio gay; lo que está en juego es si las reglas de la democracia son de aplicación en el caso.