Por Juan Francisco Jiménez Jacinto
Muchos de los abortos se practicaban a embarazadas de seis, siete u ocho meses de gestación. E-cristians valora el papel de la Guardia Civil y “aunque ha tardado mucho” considera el auto “bien enfocado”.
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló Fontova, ha imputado al médico peruano Carlos Morín Gamarra y a una docena de sus colaboradores un total de 115 abortos ilegales más allá de las 14 semanas de gestación, presuntamente practicados en sus dos clínicas -TBC y Ginemedex- en 2007, tras finalizar la investigación del caso.
La magistrada insta a que los acusados sean juzgados por posibles delitos de aborto ilegal, falsedad documental, intrusismo y asociación ilícita.
Según afirma el auto, Morín practicó directamente, o por medio del personal médico que tenía a su abasto “intervenciones para la interrupción del embarazo a una pluralidad de pacientes, siendo ilegal en todos los casos”, ya que, según detalla la juez, no se cumplían los requisitos exigidos en la antigua ley -peligro alguno para la vida y salud de la embarazada, violación o graves taras físicas o psíquicas del feto-.
Además, los 115 casos que recoge el auto y en los que considera indicios de criminalidad tampoco cumplen las condiciones de la nueva Ley del Aborto, que a iniciativa del PSOE entró en vigor en julio de 2010. La razón es que los 115 abortos realizados por encima de las 14 semanas de gestación siguen siendo legalmente irrealizables en España salvo que se den los tres presupuestos anteriores.
“Sólo procede excluir de la presente resolución las IVES [Interrupción Voluntaria del Embarazo] que se practicaban en gestantes de hasta 14 semanas de evolución, por haber quedado excluida tal conducta de la sanción penal según la expresada reforma operada por LO 2/2010, ya que debe operar el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo”, aclara el auto.
Entre los 115 supuestos casos de abortos ilegales que se le imputan al doctor Carlos Morín y a doce personas de su equipo se pueden observar alrededor de 60 abortos realizados a fetos de 22 semanas (cinco meses y medio) “por lo menos”, según la jueza; también constan varios de 26 semanas (6 meses), 7 abortos de 27, 28 o 29 semanas (7 meses) y, sorprendentemente, un caso de 30 semanas (siete meses y medio) y otro de 32 semanas (ocho meses).
Morín contaba con “ingentes ingresos”
El auto constata que existía “un concierto entre los diversos imputados en la presente causa”, esa asociación “permanente” estaba constantemente ordenada y controlada de forma estricta por Morín. El auto explica que a través de la gestión económica de la esposa de Morín, María Luisa Duran Salmerón se obtenían “ingentes ingresos en metálico” con los que “atendía las necesidades y gastos de material y personal de las expresadas clínicas y podía mantener así un elevado nivel de vida disponiendo como vivienda una lujosa mansión en […] Sant Cugat del Vallés”.
Tras finalizar la instrucción, la juez ha instado a las acusaciones -el Ministerio Fiscal, y las acusaciones particulares Asociación E-Cristians, Alternativa Española, Colegio de Médicos de Barcelona y Centro Jurídico Tomás Moro- a que formulen escrito de acusación para abrir el juicio oral o pidan de forma excepcional la práctica de alguna otra diligencia.
El Caso Morín generó revuelo en la opinión pública, tras conocerse que el médico peruano había practicado abortos a menores de 13 años; presuntamente utilizaba máquinas trituradoras para deshacerse de los fetos; los ginecólogos que trabajaban para Morín cobraban hasta 8.000 médicos al mes, y que el médico, aquejado de la infección del VIH, practicaba las operaciones con otro nombre.
E-Cristians considera el auto “bien enfocado”
Una de las partes implicadas en este proceso, personada como acusación particular, es E-Cristians. También están personadas como acusación Alternativa Española, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y la Asociación Tomás Moro.
El presidente de E-cristians, el ex consejero de Agricultura de la Generalitat de Cataluña Josep Miró i Ardèvol, ha manifestado su complacencia con el auto de la jueza y “aunque ha tardado mucho lo consideramos bien enfocado”.
Miró i Ardèvol, miembro del Pontificio Consejo para los Laicos, ha confirmado que sus abogados están trabajando para preparar la petición” y ha valorado que será “con diferencia el caso más grande que juzgará España sobre el aborto y el primero en el que se considerará el delito de asociación ilícita”. “A pesar de que han hecho una ley a medida de las clínicas abortistas -continúa- la afectación de esta ley (como se ha podido ver en el auto) sobre este auto es mínima”.
En este sentido, según E-cristians, la Guardia Civil realizó “una investigación muy eficaz e inteligente” debido a que se centró “en los casos que suponían abortos de embarazos con más meses e inmaduros”. Estos abortos, según el código penal holandés están considerados como homicidios.
Miró i Ardèvol valora que “lo único que nos duele es la lentitud de la justicia porque ahora seguramente, por la magnitud de la inculpación penal, esto pasará a la Audiencia, y con mucha suerte tendremos juicio de aquí a nueve meses o un año”.
“El caso Morín –prosigue- es una manifestación de la situación escandalosa en la que vivía y vive España, que no es tanto de legislación como de absoluto descontrol en las clínicas privadas las cuales, convirtiendo el aborto en un negocio, hacen lo que quieren sin ningún tipo de intervención de los poderes públicos”.
En este sentido, el presidente de E-cristians considera que en este “hacer lo que quieren” son tan cómplices gobiernos del PP como socialistas “porque la sanidad, hay que recordarlo, está transferido a las Autonomías”. “Una cosa es la nueva Ley del Aborto, que es responsabilidad del gobierno y otra cosa es el control que nosotros pedimos sobre las acciones de las clínicas privadas, que es responsabilidad de las comunidades autónomas”. Miró i Ardèvol considera que la actual Ley que rige el aborto en España “es una ley insólita en Europa y es una ley claramente impresentable”.
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