Por Juan Francisco Jiménez Jacinto
En Estados Unidos retiran carteles pro vida que informaban sobre la alta tasa de abortos de la población latina; en Irlanda se critica duramente la campaña de carteles de mujeres dañadas por el aborto; y el anterior Ayuntamiento socialista de Barcelona vetó la campaña pro vida de Mucho en Común en los autobuses.
Solamente hay una razón por la que alguien no quiere atender a razonar diferentes posturas, y es creer que su argumentación es más débil. Sino, ¿por qué el lobby del aborto reacciona de forma tan beligerante contra las campañas que promueven el debate y la reflexión en torno al aborto?
Desde una perspectiva ajena a cualquier tipo de moral, se podría entender que hay situaciones en la vida complejas y difíciles que provocan en alguien decidirse por encontrar en el aborto una supuesta solución, sin embargo, lo que resulta demencial es la dictadura cultural en torno al aborto que se pretende implantar desde varios sectores. ¿Supuestamente no puede abortar quién quiere? ¿No se ha querido defender como una libertad para la madre la libre decisión de interrumpir un embarazo? Entonces, ¿no se puede tener una postura contraria al aborto y argumentar públicamente en igualdad de condiciones?
Recientemente, varios ejemplos demuestran que el debate público en torno al aborto está limitado por las presiones de los grupos favorables a su práctica. Por ejemplo, en Los Ángeles (Estados Unidos) una serie de carteleras pro-vida resaltaban la estratosférica tasa de aborto en la población latina. Tras la presión de los grupos pro aborto estas fueron retiradas.
Los carteles, de forma similar a un gran cartel levantado en Nueva York a principios de este año para llamar la atención sobre la tasa de aborto de los afro-americanos, decían: “El lugar más peligroso para un latino es el vientre de su madre”, en español e inglés
Alfonso Aguilar, director ejecutivo del grupo que patrocina las carteleras, Asociación Latina por los Principios Conservadores, afirmó: “Al igual que en Nueva York, activistas a favor del aborto están tratando desesperadamente de ocultar la focalización de Planned Parenthood sobre las minorías, y harán callar la libre expresión para hacer eso”.
Por su parte, Planned Parenthood, la organización abortista más grande del mundo, aplaudió la retirada de los anuncios. “Planned Parenthood de Los Ángeles está feliz de ver que se están retirando estos carteles ofensivos y racistas”.
Irlanda condiciona el debate
En Irlanda, a comienzos de junio, un nuevo grupo llamado Women Hurt (‘Mujeres dañadas’ en español) lanzó una campaña de carteleras en todo el país, para llegar a las mujeres que sufren efectos secundarios al abortar. Los carteles muestran fotos de mujeres, con fragmentos de sus testimonios sobre sus sufrimientos post-abortos.
Bernadette Goulding, portavoz del grupo ha manifestado que Women Hurt “desea romper el silencio que envuelve el sufrimiento que algunas mujeres soportan después de abortar”. No obstante, los grupos pro aborto están lanzando una campaña de presión paralela para deslegitimar la campaña.
Susan McKay, directora del Concejo Nacional de Mujeres de Irlanda, describió la campaña de Mujeres dañadas con carteleras a lo largo de la nación como “desagradable” y “cruel”. Pero “Mujeres dañadas” rechazó sus afirmaciones, diciendo que el Concejo Nacional de Mujeres “o bien está en una actitud negadora de los devastadores efectos secundarios del aborto para algunas mujeres o bien tiene una profunda y arraigada aversión ideológica que le impide escuchar un punto de vista alternativo”.
La censura ideológica del Ayuntamiento de Barcelona
A finales del año 2009, una campaña pro vida de la organización ciudadana Mucho en Común fue vetada por el Ayuntamiento de Barcelona. La iniciativa pretendía sensibilizar a la sociedad y a los jóvenes sobre el aborto a través, entre otros soportes, de unos carteles que viajarían en los autobuses públicos de la ciudad. Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), la empresa pública del consistorio de la capital catalana que presta los servicios de transportes en el área metropolitana rechazó colocar en los autobuses la campaña de comunicación.
Mientras que en Madrid los autobuses hicieron su recorrido con los carteles, la campaña sufrió un revés en Barcelona donde el Ayuntamiento estaba gobernado por el PSC. La empresa del consistorio hizo entonces público un comunicado por el cual afirmaba que “queda excluida explícitamente la publicidad de mensajes ideológicos o sobre creencias individuales incluidos en campañas que tienen por finalidad provocar el debate social y la repercusión mediática, promovidas por cualquier persona, grupo o entidad”.
El comunicado difundido bajo el título de ‘Protocolo para la utilización de los soportes publicitarios de TMB’ diferenciaba entre las campañas de anunciantes comerciales y las de publicidad institucional y de partidos políticos y electorales. Asimismo constata el auge de una nueva experiencia publicitaria como es una nueva publicidad de “carácter fuertemente ideológico o de opinión y que busca la utilización de nuestros soportes como instrumentos para promover un debate social y conseguir la posterior repercusión mediática al resto de medios”.
Con esta censura el Ayuntamiento de Barcelona dejó claro que solamente las campañas sometidas al poder político –campañas electorales- o al poder de las empresas –campañas comerciales- tenían cabida en las plataformas publicitarias públicas.
Este protocolo que afecta a todas las campañas de ideas estuvo originado, precisamente, por la campaña contra el aborto de Mucho en Común. Un ejemplo más de la censura pública y el condicionamiento al que se somete el debate público sobre el aborto. La dicotomía “Aborto sí”, “Aborto no” parece que abre paso a una más antigua que se creía superada: “Libertad de expresión sí”, “Libertad de expresión no”.
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