Por Wendy Wright
WASHINGTON, Distrito de Columbia, 18 de noviembre 2011 (C-FAM) Especialistas jurídicos y de derechos humanos critican a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “exceder” su autoridad y promover una peligrosa corriente que perjudica la causa de los derechos humanos. La crítica se deriva de la decisión de la Comisión de “aumentar su capacidad” para promover la orientación sexual mediante la creación de una “unidad para los derechos de las lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersexo” (personas LGBTI).
La Comisión, una de las ramas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó a la nueva unidad como “parte del enfoque integral adoptado por la CIDH”.
Un observador cercano de la OEA y de sus numerosos órganos consideró este avance como parte de una corriente “insidiosa”. Desde el anonimato, dijo a Friday Fax que la “tendencia general en los derechos humanos de escoger grupos particulares para darles una atención especial a costa de otros derechos y grupos” representa “una amenaza contra la integridad del ideal de los derechos humanos en su conjunto”.
“La dinámica ideológica subyacente es realmente insidiosa. Esta toma el corpus de derechos humanos y labra ciertos derechos y grupos, y daña a otros. Pone en entredicho de qué tratan los derechos humanos, permitiendo que se conviertan en la víctima de las luchas de poder y que sean usurpados”.
La profesora de Derecho Ligia M. De Jesús, de la Ave Maria School of Law, quien anteriormente trabajó en la Comisión, dijo: “Resulta desafortunado que la CIDH haya sido usurpada por activistas en vez de juristas. La creación de esta unidad es un intento de establecer nuevos derechos para los homosexuales, particularmente, el derecho a incurrir en comportamientos sexuales inmorales” y “amenaza la libertad religiosa”.
De hecho, Chai Feldblum, defensora de los derechos sexuales, argumentó que la orientación sexual debería superar las visiones religiosas “porque ese es el único modo en el que la dignidad de las personas gay puede ser afirmada”.
En varios lugares donde la orientación sexual se considera un “derecho”, analistas descubrieron numerosos casos de personas con posturas religiosas y morales que fueron despedidas de sus trabajos, multadas, procesadas, saqueadas, acosadas o a quienes se les impidió acceder a la adopción.
El año pasado, la CIDH llevó esto a un nuevo nivel al intentar sancionar a jueces por haberse pronunciado en contra de una activista lesbiana en un caso de custodia de menores.
Piero Tozzi, Asesor Jurídico Senior (Mundial) del Alliance Defense Fund, criticó a la Comisión. “La CIDH excedió repetidas veces su mandato en estos últimos dos años, colocando la ideología por sobre principios del estado de derecho. Por ejemplo, en el caso de Karen Atala, la Comisión de hecho exigió que el poder ejecutivo chileno ‘sancionara’ a los jueces de la Corte Suprema de Chile por discriminar sobre la base de la ‘orientación sexual’ al haber determinado que situar a las niñas con el padre por sobre su madre, una ‘lesbiana’ autodeclarada, formaba parte del interés superior de las niñas”.
“Si la CIDH no estuviera tan cegada por la promoción de la agenda homosexual, comprendería que minar la independencia del poder judicial y violar el principio de separación de poderes de hecho menoscaba el estado de derecho y la integridad del sistema interamericano”, dijo Tozzi a Friday Fax.
La Comisión reconoció “los derechos de las comunidades LGBTI” como un área de interés incipiente en su Plan Estratégico 2011-2015. Los próximos pasos de la Comisión son evaluar el trabajo de la Unidad, analizar si existen recursos para continuar y, posiblemente, crear una Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI.
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