NUEVA YORK, 28 de octubre 2011 (C-FAM) Esta semana, en la sede de las Naciones Unidas, los gobiernos desestimaron la declaración de un funcionario de alto nivel de la ONU según la cual el aborto es un derecho humano, y llegaron al punto de reprenderlo por exceder su mandato.
El Relator Especial sobre el Derecho a la Salud, Anand Grover, presentó su informe a los delegados del Tercer Comité de la ONU, en el que vincula el aborto irrestricto con el derecho al grado máximo de salud física y mental que se pueda lograr. Declaró con firmeza su intención de redefinir el «derecho a la salud» en convenciones y tratados de la ONU para que incluya el aborto.
La delegada de Suazilandia indagó acerca del motivo por el cual el Relator Especial desatendió su mandato al informar únicamente sobre la salud reproductiva, ignorando un sinnúmero de otros intereses en materia de salud, como ser el hambre y las enfermedades. La representante criticó la idea de que el Relator Especial incluyera un derecho al aborto «inexistente» dentro del derecho a la salud. El delegado de la Santa Sede insistió en que no existe un derecho al aborto en el derecho internacional, y que el Relator Especial no tuvo en cuenta las convenciones que «protegen el valor inherente y la dignidad de la persona tanto nacida como por nacer».
El gobierno de Egipto rebatió los «intentos sistemáticos» del Relator Especial «de reinterpretar convenciones acordadas internacionalmente», a fin de redefinir el derecho a la salud de acuerdo con sus propias interpretaciones. En particular, el portavoz egipcio estaba preocupado por el modo en el que el sr. Grover excedió su mandato con el objeto de ofrecer «nuevas perspectivas» sobre el derecho a la salud en relación con la mortalidad materno-infantil.
El gobierno chileno destacó que es esencial reconocer el derecho a la vida de todos los seres humanos. Su declaración fue de especial interés, dados los antecedentes del país respecto de la legalización del aborto. Este fue legal en Chile hasta 1989. Tras su penalización, la mortalidad materna descendió.
La experiencia chilena pone en entredicho los mismos fundamentos del informe del Relator Especial. Contradice la afirmación de que la mortalidad materna es mayor en aquellos estados donde el aborto está penalizado. En Guyana, donde el aborto es legal e irrestricto desde 1995, el índice de mortalidad materna es treinta veces superior al de Chile.
Honduras ratificó la declaración chilena. Las constituciones de ambos países protegen la vida desde el momento de la concepción. (La delegada de Uganda dijo a los observadores, tras la sesión, que quería censurar el informe, pero que había perdido la voz a causa de una enfermedad.)
En respuesta, el Relator Especial discrepó de manera desafiante del hecho que el aborto legal estuviera fuera de su mandato, y sostuvo que la muerte de «44.000» mujeres por año a causa de abortos ilegales estaba directamente relacionada con el derecho a la salud. Este número, no obstante, es muy polémico y, según muchos especialistas, no es comprobable y no está corroborado. Datos de la Organización Mundial de la Salud, frecuentemente citada en informes de la ONU, indican que la mayoría de las muertes maternas son producto de hemorragias, eclampsia e infecciones, y son perfectamente tratadas por servicios perfeccionados de atención sanitaria, no mediante el aborto.
Como última palabra antes del fin de la sesión, Grover afirmó categóricamente que, ya que el derecho internacional guarda silencio sobre el aborto, no existe «un rechazo del aborto en el derecho internacional». Restringirlo, afirmó, deshumaniza, estigmatiza y rebaja la dignidad de las personas. Los países no sólo deberían despenalizarlo, sino también «poner servicios en funcionamiento» para proveerlo.
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