El pasado 16 de agosto el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, pensó llenarse de gloria en la Universidad Católica de la ciudad de Guayaquil. Fue invitado por un dirigente estudiantil entusiasta seguidor de su gobierno y promotor del SI para el referéndum de fines de setiembre. Esta invitación, gesto atípico e incongruente con la estirpe crítica de esa federación estudiantil, fue más impopular de lo que se pensaba entre los universitarios y se ha convertido en un grueso error para la campaña de Correa.A pesar que su equipo publicitario había llenado el auditorio con gente extraña a la universidad traída en buses pagados, las cosas no salieron como lo esperaba Correa. El verdadero espíritu rebelde universitario se quedó fuera del auditorio pues fue impedido de participar en el evento por un fuerte contingente policial. A la represión policial le siguieron lemas contra el totalitarismo y a favor de la democracia a la par de insultos contra Correa. Los ánimos empezaron a caldearse. A estas alturas ya era evidente la inutilidad del servilismo alquilado para esa oportunidad. Correa no tuvo mejor idea que mencionar que los “majaderos” de afuera ofendían la “majestad” presidencial (algunos consideran que el término “majestad” fue un acto fallido). “Ustedes son 400 y ellos son 50” continuó diciendo y les sugirió que vayan a “arreglar las cosas” fuera del auditorio.
Lo que siguió no es difícil de imaginar. Sus domados universitarios, miembros de su partido, policías, fuerzas especiales y algunos empleados del gobierno vestidos de civil masacraron a golpes a unos universitarios indefensos.
Documentación posterior ha demostrado que los policías no llevaron consigo gas lacrimógeno que normalmente tiene las características adecuadas para disuadir un incidente violento sin consecuencias posteriores para la salud (más allá de irritar los ojos no produce otro efecto significativo). En su reemplazo tenían pistolas de gas pimienta que es capaz de matar a una persona que tenga una enfermedad cardíaca.
Recuperada la lucidez y reunido con su staff de asesores, Correa debe haber entendido que no controlar su impulsividad fue un grave error. Inmediatamente “armaron” una campaña mediática para “informar” lo sucedido ese día. Total, tenían todo el equipo de filmación que originariamente fue pensado en la adulación y que en estas circunstancias bien podía ser utilizado en su defensa, por supuesto, convenientemente editado.
Sin embargo, no calcularon que los universitarios de la protesta podrían tener celulares con cámara que desvirtuaron la “versión oficial del gobierno”. Lamentablemente, lo más probable es que la mayoría de ecuatorianos no tenga la oportunidad de verlas. Más allá de algunos reportajes en programas de TV donde se vieron unas pocas veces estas imágenes, los universitarios no tienen la capacidad económica para equiparar lo que viene publicitando el gobierno con el dinero de todos los contribuyentes. Los asesores publicitarios de Correa deben saber muy bien que para lograr más votos, no interesa la verdad de los hechos sino la constante repetición de “tu versión”. Saben también que ningún programa o canal se animará a competir con la campaña de desinformación de Correa, so riesgo de ser atacados por las huestes correístas de organizaciones particulares o acusados de hacer propaganda política por aquellos otros correístas nombrados a dedo por el gobierno y que ahora se desempeñan como autoridades electorales.
Las imágenes que ha ocultado el gobierno muestran la violencia insensata desatada contra jóvenes desarmados. Varios de los agresores, hasta ahora impunes, son funcionarios de gobierno totalmente identificados que ayudados por policías golpearon brutal e indistintamente a hombres y mujeres. Carol Solórzano, una de las alumnas agredidas, puede atestiguar con imágenes que en esa ocasión ni su protesta pacífica, ni su condición femenina, ni estar desarmada, impidió que policías “armados hasta los dientes” la mandaran al hospital molida a golpes y con el rostro ensangrentado.
Y aunque la Universidad en representación de los alumnos agredidos ha planteado las acciones judiciales, éstas transcurrirán fuera de cámaras y después del referéndum.
Atemorizar y golpear opositores es una de las tácticas del gobierno para ganar el referéndum, lamentablemente, no la única.
