NUEVA YORK, 29 de septiembre 2011 (C-FAM) La Santa Sede condenó los intentos de incluir la eutanasia en el derecho a la salud, y delegaciones latinoamericanas y caribeñas exigieron un nuevo tratado de la ONU en dos recientes reuniones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los adultos mayores.
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, el representante de la Santa Sede dijo que su delegación presentaba una «fuerte objeción» a un informe de la reunión que menciona «cuestiones de autonomía de los pacientes referentes a la decisión de poner fin a su vida». Exhortó a médicos y científicos a oponerse a «las prácticas que acortan la vida de los ancianos y de los enfermos, prácticas que resultarían ser, de hecho, formas de eutanasia».
En la reunión del Grupo Abierto de Trabajo sobre el Envejecimiento, en Nueva York, las naciones discreparon sobre si un nuevo tratado protegería mejor a las personas mayores. Estados Unidos recomendó el nombramiento de un relator especial, mientras que la Unión Europea propuso que se recurriera al actual sistema de órganos creados en virtud de tratados, que está compuesto por comités designados.
Los delegados de ambas reuniones afrontaron el hecho de que el mundo tendrá 2 mil millones de ancianos para 2050, cifra superior a los 600 millones de 2002. De acuerdo con las proyecciones de la ONU, el porcentaje de ancianos en casi todos los países está aumentando a una velocidad sin precedentes.
Israel, cuyo ritmo de envejecimiento es el más acelerado del planeta, resaltó la necesidad de preservar la independencia y la autonomía de las personas. Japón, la nación más envejecida del mundo, sostuvo que las respuestas deberían adaptarse a la situación de cada país y ser diseñadas con la participación de la sociedad civil, el sector privado, y los propios ancianos. Ni Israel ni Japón apoyaron una función específica de la ONU.
India lamentó el «gradual, aunque definitivo, desvanecimiento de los sistemas familiares compuestos», que dan lugar a «un gran número de padres [que] enfrentan la posibilidad de que sus familias realmente no estén en condiciones de cuidar de ellos. Esto también los ha expuesto a la falta de apoyo emocional, físico y financiero». Brasil denunció el problema de la violencia contra los ancianos en sus propios hogares.
«Una cosa es abogar por el cuidado y la protección de los ancianos contra los abusos en el hogar, pero, ciertamente, no es suficiente con evitar el daño», afirmó el Pbro. Chris Mahar, doctorando de laKatholieke Universiteit Leuven (Universidad Católica de Lovaina), quien estudia la eutanasia. Dijo a Friday Fax que las naciones también deben abordar el problema del «suicidio asistido por médicos en nombre de los “derechos humanos” [que] en última instancia envía el mensaje de que [la] participación [de los ancianos] en la comunidad ya no es necesaria, quizás, hasta malquista».
Los argumentos en contra de un nuevo tratado incluyen reclamos de que se respeten más las convenciones derechos humanos existentes. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU dirige el Programa sobre el Envejecimiento, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos asegura que presta atención a la «discriminación múltiple», que incluye el modo en el que la edad avanzada incide en el ejercicio de los derechos reconocidos.
La asociación de jubilados norteamericana sin fines de lucro AARP argumenta que tales programas no son suficientes y que se necesita un nuevo tratado para «encaminar la confección de políticas». La AARP fue una de las organizaciones no gubernamentales que ejercieron presión para que se creara el grupo de trabajo, que se instauró en diciembre de 2010.
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